Tras años de omisiones y falta de vigilancia por parte de autoridades federales, estatales y municipales, el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito ordenó la suspensión provisional del Basurero Municipal de Kanasín, al considerar que su operación irregular pone en riesgo directo el acuífero que abastece a la Zona Metropolitana de Mérida.La resolución deriva de un amparo promovido por habitantes de la región (expediente 2697/2025-V-A), quienes denunciaron que, pese a múltiples irregularidades y a una clausura impuesta por Profepa en octubre de 2025, el sitio continuó operando con la tolerancia de las autoridades responsables de supervisar y proteger el medio ambiente.En su análisis, el Tribunal señaló que el basurero ha funcionado al margen de la Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003, sin geomembranas impermeables, sin sistemas de captación y tratamiento de lixiviados, sin drenaje pluvial y sin monitoreo del acuífero subterráneo. Estas omisiones, sostuvo el órgano judicial, no son fallas administrativas menores, sino riesgos estructurales que pueden derivar en una contaminación irreversible del agua.El fallo advierte que la falta de control sobre los lixiviados —líquidos altamente tóxicos generados por los residuos— resulta especialmente grave en Yucatán, donde el subsuelo kárstico permite que los contaminantes se desplacen rápidamente a grandes distancias. “El interés social y público en el amparo ambiental se encuentra en la protección de los acuíferos subterráneos”, subrayó el Tribunal al justificar la suspensión.La ubicación del basurero agrava el escenario. El sitio se encuentra a menos de dos kilómetros del Anillo de Cenotes, Área Natural Protegida y principal zona de recarga del acuífero, además de colindar con áreas de alta sensibilidad ambiental como la Reserva Ecológica Cuxtal. Pese a esta condición de vulnerabilidad, las autoridades permitieron que el basurero operara durante más de cinco años sin autorizaciones ambientales.El expediente judicial también recuerda antecedentes ignorados, como el incendio de 2022, que liberó dioxinas y partículas contaminantes al aire, así como la persistencia de operaciones después de la clausura oficial. Para el Tribunal, estos hechos evidencian una cadena de omisiones institucionales que colocaron el derecho al agua y a la salud de la población en un segundo plano.Con la suspensión provisional concedida en la queja 1/2026, se ordenó hacer efectiva la clausura del basurero, obligar al municipio de Kanasín a buscar alternativas que cumplan con la normatividad vigente para la disposición final de los residuos y poner fin a la falta de supervisión ambiental. La resolución establece que el servicio de recolección no puede sostenerse a costa de violar derechos fundamentales.Más allá del cierre temporal del sitio, el caso expone un problema de fondo: la permisividad oficial frente a instalaciones que operan fuera de la ley, incluso cuando se ubican sobre el sistema hídrico más importante del estado. Para los promoventes del amparo, el fallo representa un primer paso para exigir responsabilidades y evitar que la mala gestión de residuos continúe poniendo en riesgo el agua de las generaciones presentes y futuras.
