SI hay un factor común a los distintos casos de corrupción que implican a dirigentes y militantes del PSOE es la sede madrileña de los socialistas en la calle de Ferraz. En su interior, Leire Díez, persona de confianza de Santos Cerdán, fraguó su campaña de desacreditación contra jueces, fiscales y policías, por las que ahora está siendo investigada por un juzgado de la plaza de Castilla. De hecho, la instrucción judicial ha constatado la celebración de una reunión, el 24 de abril de 2024, en el despacho del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, con Leire Díez , el empresario Pérez Dolset, Ion Antolín, responsable de Comunicación del PSOE, y Antonio Hernando, actual secretario de Estado de Telecomunicaciones y exdirector adjunto del Gabinete del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El panel de participantes no puede decirse que fuera de segunda fila y sitúa la reunión en el círculo de confianza inmediata de Sánchez, por parte de Cerdán y Hernando. No, Leire Díez no era una militante más que pasaba de vez en cuando por Ferraz, sino que era capaz de convocar a tan altos dirigentes para informar de sus avances en la presunta coacción a quienes investigaban al PSOE. Ferraz es también el epicentro, físico y político, a medias con el Consejo de Ministros, del grupo criminal creado, según los tribunales, por Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García para forzar adjudicaciones de contratos públicos a cambio de comisiones ilegales. Desde la Secretaría de Organización del PSOE, Cerdán había laminado cualquier disidencia con Pedro Sánchez e instalado directivas de su confianza, con influencia en las autoridades autonómicas socialistas, competentes para la adjudicación de obra pública. Para las contrataciones estatales funcionaba el trío criminal –según el Tribunal Supremo– como una máquina bien engrasada. Y a Ferraz llegaron dos bolsas, en sendas entregas, con 45.000 euros cada una, cuya portadora, Carmen Pano, relaciona con mordidas a la red de hidrocarburos, caso investigado por la Audiencia Nacional. Un testigo declaró ayer, ante en el juez central de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que llevó en coche a Pano hasta la sede de Ferraz con una de las bolsas con 45.000 euros en fajos de 5.000 euros , y luego la recogió, ya sin la bolsa. El trasiego de dinero en metálico en la sede de Ferraz era algo habitual, porque a las bolsas de Carmen Pano hay que unir los sobres con dinero para pagos a dirigentes. Con este panorama, parece razonable predecir una futura imputación del PSOE por cohecho o blanqueo de capitales. Ya no es admisible defender la desvinculación del partido de todo lo que sucedía en su interior y con protagonistas del máximo nivel. Es lo que le sucedería a cualquier persona jurídica con semejante grado de implicación en unos hechos que ya llevan muchos meses siendo investigados. El tiempo, lejos de diluir los indicios en conductas personales y aisladas, está confirmando que Ferraz y, por tanto, el PSOE prestaron sus estructuras para la comisión de los delitos que investigan el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y los juzgados de la plaza de Castilla. La imputación de un partido político no debería considerar una politización de la Justicia, sino un trato homogéneo con el resto de entidades, empresas, fundaciones o asociaciones, a las que se les aplica la histórica reforma penal de 2010, con la que se introdujo la responsabilidad penal de las personas jurídicas, de la que no escapa el PSOE, aunque aspire a gozar de una inviolabilidad privilegiada, nada propio de este socialismo, tan ilustrado y tan igualitarista, que gobierna España.
