El Estatuto de los Trabajadores lo confirma: 7.500 euros de multa por hacer esto fuera de la jornada laboral
En muchos entornos laborales la confianza entre jefes y trabajadores puede generar un ambiente cómodo y flexible, pero en ocasiones este exceso de confianza cruza líneas legales que pocos esperan. Acciones aparentemente inofensivas, como enviar correos electrónicos o mensajes de trabajo fuera de la jornada laboral, pueden constituir infracciones graves si vulneran los derechos del empleado. La delgada frontera entre lo permitido y lo sancionable muestra cómo la relación de cercanía no exime a las empresas de cumplir estrictamente la normativa laboral.
En este contexto nace el Estatuto de los Trabajadores como el principal marco regulatorio para estas situaciones, ofreciendo pautas claras sobre los límites de la jornada laboral y los derechos del empleado. Cuando surgen vacíos legales o interpretaciones dudosas, los tribunales intervienen para dirimir casos concretos, estableciendo precedentes y resolviendo conflictos que la ley no desarrolla de manera explícita. Estas decisiones judiciales pueden acarrear sanciones económicas importantes para las empresas, en algunos casos de decenas de miles de euros, reflejando la seriedad con la que se protege el derecho al descanso de los trabajadores.
El derecho a la desconexión digital se ha convertido en una herramienta clave para garantizar que los trabajadores puedan cumplir con su jornada sin recibir presión para responder fuera de horario. Este derecho está reconocido por la Ley 10/2021 de trabajo a distancia, en su artículo 18, y también se basa en la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos y Garantías de los Derechos Digitales. Su finalidad es asegurar que los empleados no estén obligados a atender llamadas, correos electrónicos o mensajes fuera de su jornada laboral, respetando así su descanso, intimidad y vida personal y familiar.
Hasta 7.500 euros de multa a la empresa por esto
Las empresas están obligadas a elaborar políticas internas de desconexión digital que definan cómo se aplicará este derecho en la práctica. Estas políticas deben incluir medidas de formación y sensibilización sobre el uso responsable de herramientas digitales para prevenir el estrés y la sobrecarga laboral. La Inspección de Trabajo exige que estas políticas se implementen de manera efectiva y no queden como simples documentos formales sin aplicación real, ya que el incumplimiento puede considerarse una infracción grave.
Contactar de manera reiterada a un trabajador fuera de su jornada laboral puede derivar en sanciones económicas que oscilan entre 751 euros y 7.500 euros según la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social. Además, los tribunales consideran que estas acciones pueden equivaler a horas extraordinarias no remuneradas, lo que implica la obligación de compensar al empleado. Las empresas deben tener en cuenta que incluso el envío de mensajes genéricos fuera de horario puede ser objeto de revisión si se interpreta como imposición de atención obligatoria.
La importancia de respetar los descansos laborales
El derecho a la desconexión digital también regula cómo se planifica la jornada laboral y los descansos. La ley exige un registro horario que documente tanto el inicio como el fin de cada jornada, así como los periodos de actividad. De esta manera, entre el final de una jornada y el inicio de la siguiente deben transcurrir al menos doce horas, además de un día de descanso semanal mínimo. Cumplir con estos requisitos protege al empleado y evita que la empresa incurra en sanciones por violación de los derechos digitales y laborales.
Respetar el derecho a la desconexión digital no solo protege la salud física y mental del trabajador, evitando ansiedad y estrés, sino que también mejora la productividad y la eficiencia en la empresa. Las políticas efectivas aseguran que los empleados puedan desconectar sin miedo a represalias, fortaleciendo la confianza y la seguridad jurídica. En definitiva, no cumplir con estas normas puede costarle a una empresa hasta 7.500 euros, demostrando que el respeto a los límites de la jornada laboral es tanto una obligación legal como un beneficio para todos.