Estos son los proyectos viales que Laura Fernández podría inaugurar en su Gobierno

El próximo Gobierno tendría la bandeja servida para inaugurar varias de las obras viales más esperadas de los últimos años, si logra completar los procesos que heredará ya encaminados, sin descarrilarse.

Para cumplir esos hitos deberá sortear varios escollos, que incluyen la aprobación de créditos por parte de la Asamblea Legislativa, así como superar procesos de adjudicación que llevan meses entrabados y completar otros que aún no inician.

Una de las primeras obras en las que Fernández podría cortar la cinta es el paso a desnivel entre los Hatillos 5 y 6, el cual se tiene previsto se complete en junio.

El próximo año, deberán completarse la ampliación del tramo Barranca-Limonal, que recibió la orden de inicio a inicios de este año, así como los intercambios de Grecia, San Ramón. Esas tres obras estarían finalizadas en los últimos meses del próximo año pues tienen plazos de ejecución de entre 18 y 20 meses.

Además quedan pendientes de recibir orden de inicio los intercambios del Coyol y Naranjo. El primero se encuentra en fase de diseño y el segundo tenía pendiente la firma de contrato y expropiaciones.

Fernández también tendría posibilidad de habilitar la punta sur cuyas obras arrancaron en mayo del año pasado; no obstante la funcionalidad de ese trayecto que cuesta casi $200 millones, depende de la construcción del tramo central que permitiría finalizar la carretera a San Carlos, por la que los vecinos de la zona norte llevan más de 50 años esperando.

Dicho trayecto lleva 6 meses varado a la espera de que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) avale la adjudicación de la empresa seleccionada por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), luego de que la firma china CHEC fuera la única en ofertar para ese contrato.

De completar con éxito el plan para ejecutar la primera iniciativa privada del país, el próximo año también podría recibir orden de inicio la ampliación de la carretera entre San José y Cartago, la cual fue presentada por MECO y recibió luz verde el año pasado para avanzar en la fase de licitación.

Además el MOPT dependerá de la aprobación de los diputados a los créditos para la ampliación del corredor San José-San Ramón y el tren eléctrico, cuyas obras podrían iniciar en el 2028, si se cumplen los cronogramas actuales.

Los retos y prioridades

Aunque el listado auguraría cuatro años provechosos para la obra vial, expertos aseguran que la futura Administración también podría toparse con muros o retos que podrían afectar esa previsión.

Olman Vargas, vocero de la Cámara de Consultores en Ingeniería, asegura que si bien finalizar la punta sur será una de las principales prioridades para la próxima Administración, es necesario tomar en cuenta que en el tramo central aún hace falta ingeniería, lo que podría elevar aún más los costos.

“En un proyecto que el disponible que se tiene, que es un un excedente del crédito del BID que se utilizó como en 66% aproximadamente en la punta sur, es muy poco lo que queda, para lo que va a costar el tramo central”, afirmó.

Además, Vargas citó el caso de la ampliación de la ruta 27 (que llegó al máximo de su capacidad desde hace más de 10 años), la cual si no se negocia en el próximo Gobierno quedaría hasta para después del 2033 que es cuando vence el contrato actual.

El ingeniero agregó que además se debe completar “de manera adecuada” el ingreso a Cartago, pues a pesar de que ya está funcionando el tronco principal de los intercambios en Taras y La Lima, persisten “grandes problemas de seguridad vial”, por lo que estima aún quedan al menos 6 meses de trabajo.

“Igualmente las famosas intersecciones de la ruta 32 a Limón, que no están financiadas por lo menos en su totalidad y que son una prioridad para poder terminar la ruta sin los peligros y los grandes riesgos que tienen actualmente, donde ya han ocurrido una importante cantidad de accidentes. Debe ser importante terminar la ruta de la manera adecuada y que se merecen todos los limonenses”, agregó.

Vargas además insistió de que debería replantearse el modelo de financiamiento del proyecto San José-San Ramón pues a su criterio esa obra podría ejecutarse mediante una concesión para evitar un crédito de un costo “tan alto” como el que se plantea actualmente con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

El director de la Cámara Costarricense de la Construcción, Randall Murillo por su parte sostuvo que el principal reto que enfrentaría el próximo Gobierno es atender el rezago que tiene el país en la inversión de infraestructura pública, el cual ha disminuido en los últimos tres años.

“La baja inversión, aunada a serios problemas de gestión, ha provocado un deterioro acelerado que afecta carreteras, transporte público, puertos, acueductos, hospitales y escuelas, comprometiendo la competitividad nacional y la calidad de vida de la población”, dijo.

Murillo aseguró que la Cámara ha propuesto acciones concretas para revertir esa situación que incluyen fortalecer la preinversión y planificación a largo plazo e impulsar las alianza público privadas, además optimizar el uso de recursos, y modernizar el transporte público y de carga mediante planes como la sectorización, el tren eléctrico y el tren de carga.

A su criterio además de los proyectos citados de rutas primarias, también se debe dar prioridad a la modernización de Puerto Caldera y la construcción de la segunda etapa del acueducto metropolitano.

A su criterio, los proyectos que actualmente hay en proceso y que podrían presentar más dificultades como aumentos de costo y atrasos en su ejecución son aquellos que recibieron orden de inicio sin completar la totalidad de los pasos de la preingeniería, donde se incluyen gestiones como expropiaciones, diseños, financiamientos, permisos entre otros.

Las nuevas promesas

En su plan de Gobierno, Laura Fernández prometió terminar la carretera a San Carlos y el tramo de Barranca-Limonal.

Precisamente la conclusión de la carretera a San Carlos es una de las promesas sin cumplir que dejará el presidente Rodrigo Chaves. En tanto, el documento no hace ninguna referencia a la ampliación de la ruta 27, cuyo proceso de negociación ha tenido mínimo avance en este Gobierno.

Además se comprometió a completar la ampliación de la ruta 21 entre Liberia y el cruce a Comunidad, ampliar el tramo de la ruta 2 entre Palmar Norte y Paso Canoas, la ruta 23 de Caldera a Barranca y la ruta 4 entre Birmania y Santa Cecilia en la zona norte.

En el documento también cita la ruta 34 de Pozón a Jacó, la ruta entre Limón y Sixaola y la llamada ruta del Sol en Guanacaste e iniciar la construcción de las radiales de Heredia y desamparados, y

Todos esos proyectos habían sido citados por el actual jerarca de Obras Públicas, Efraím Zeledón, como un portafolio de inversión que esta Administración dejaría en fases de estudios de factibilidad e incluso inscritos ante el Ministerio de Planificación.