La reforma policial no está en el color del uniforme

Este artículo fue publicado originalmente en El Día.

Cuando una reforma comienza a explicarse a través del color del uniforme, es momento de detenernos y reflexionar. ¿Era necesario cambiar el color del Uniforme?

No se trata de minimizar el valor simbólico de la indumentaria. El uniforme de la Policía Nacional representa autoridad, disciplina, identidad y presencia del Estado. Pero querernos convencer que la transformación de una institución fundamental para la seguridad ciudadana a un cambio cromático (de color) es, en el mejor de los casos, una simplificación peligrosa.

Nuestra Policía Nacional tenía una identidad, el color gris, era parte de su historia institucional, con aciertos y desafíos, sí, pero con una construcción simbólica propia. Hoy adoptamos un azul oscuro similar al de Colombia. Y la pregunta que debemos hacernos no es si el color luce moderno. La pregunta es si responde a una visión estratégica nacional o si seguimos reproduciendo modelos sin la debida contextualización.

La seguridad no se importa. Se diseña con política pública coherentes, cada país tiene su realidad social, su estructura presupuestaria, su clima, su cultura organizacional y su historia institucional. Las políticas públicas no pueden trasladarse mecánicamente de un contexto a otro. Incluso elementos aparentemente secundarios, como el tipo de tela o el color en un país tropical, deben evaluarse desde criterios técnicos, operativos y de funcionalidad.

Pero más allá del debate simbólico, lo verdaderamente relevante es el aspecto normativo de este cambio de uniforme. La Ley Orgánica 590-16 y el Reglamento de Uniformes establecen el marco que regula la clasificación, descripción y uso de la indumentaria policial. En consecuencia, cualquier modificación obligatoria debe estar debidamente respaldada por una disposición formal que establezca su diseño, su carácter mandatorio y la responsabilidad institucional respecto a su suministro.

Si es obligatorio, como lo ha sido, debe ser provisto, así lo dice la ley. Ese principio no es político; es jurídico. La institución tiene el deber de garantizar los medios necesarios para que sus miembros cumplan adecuadamente su función. Cuando una decisión administrativa genera cargas económicas individuales, particularmente en un cuerpo que aún enfrenta limitaciones salariales y que el aumento fue adsorbido el incremento de la canasta básica casi en más de un 34%, se produce una tensión que impacta la moral institucional y económica de los agentes.

La reforma policial no puede fundamentarse en la exigencia sin la provisión, ni en la modernización sin la legalidad.

La verdadera transformación no está en el uniforme que porta, está en la calidad de su formación, en la estabilidad de su carrera, en la claridad de la doctrina que lo guía, en las condiciones dignas de trabajo (destacamentos adecuados), en la inversión tecnológica y en la coherencia de las decisiones estratégicas que se adoptan desde la dirección.

Las reformas profundas no se construyen sobre gestos visibles, sino sobre estructuras sólidas, cambiar el uniforme puede ser parte de un proceso. Pero no puede convertirse en el eje del relato transformador ni en una carga adicional para quien diariamente enfrenta los riesgos propios de la función policial.

La seguridad ciudadana no mejora porque el uniforme sea más oscuro. Se mejora cuando el sistema es más justo, más coherente y respetuoso de su propio marco normativo.

Las instituciones fuertes no se sostienen en la apariencia, son sostenidas por el recurso humanos, por la legalidad, en la planificación y en el respeto por quienes las integran.

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