Epsas cuantifica en Bs 14 MM el daño por compra irregular de tuberías
La Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (Epsas) estableció un presunto daño económico al Estado de casi Bs 14 millones por la adquisición irregular de tuberías. Se trata del caso que derivó en la aprehensión del exinterventor Bladimir Iraízos y abrió una investigación penal por presuntas irregularidades administrativas y técnicas.
El actual interventor de la estatal, Edgar Landívar, informó que una auditoría interna determinó el perjuicio económico, vinculado a la compra de material que no cumpliría con las especificaciones exigidas para su uso en sistemas hidráulicos. “Existe una auditoría que cuantifica en cerca de Bs 14 millones el daño al Estado por esta operación”, precisó.
Epsas
La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) confirmó que Iraízos es investigado por los presuntos delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes y se encuentra a la espera de su audiencia de medidas cautelares.
El director departamental de la institución, coronel Henry Pinto, señaló que la investigación continúa y no se descarta la citación de otras personas involucradas en el proceso de contratación y supervisión.
De acuerdo con los antecedentes del caso, las observaciones recaen en la compra de tuberías que aparentemente no cumplen con los estándares técnicos requeridos, entre ellos la ausencia de un revestimiento interior indispensable para su utilización en redes de agua potable.
Tuberías
En un breve contacto con la prensa, Iraízos rechazó las acusaciones, calificó su aprehensión como injusta y pidió que se convoque a otros funcionarios que participaron en la verificación del material en la fábrica ubicada en Tianjin, China. “Dos especialistas viajaron para certificar las tuberías y ellos no han sido citados”, afirmó.
La denuncia fue presentada en noviembre de 2025 por el entonces interventor de Epsas, Pedro Flores. La auditoría identificó presuntas irregularidades en la conformación de la comisión técnica que inspeccionó la mercadería y determinó posibles responsabilidades administrativas de más de 25 funcionarios.
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