La jueza archiva el caso de las contrataciones irregulares en el Ayuntamiento de Mataró
La magistrada considera que el caso, que motivó un expediente sancionador de Antifraude al consistorio por "represalias" a la entonces empleada municipal que lo denunció, no tiene relevancia penal
La jueza ha decidido dar carpetazo a la denuncia de prevaricación y falsedad documental contra el Ayuntamiento de Mataró (Barcelona, 130.000 habitantes) por el proceso de selección de puestos de trabajo en el consistorio, denunciados en 2023 ante la Fiscalía por una antigua empleada municipal.
La exempleada denunció el caso inicialmente ante la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) que le concedió el estatus de persona protegida por ser denunciante de un presunto caso de corrupción.
La trabajadora, sin embargo, fue despedida del Ayuntamiento a pesar de tener ese estatus y a principios de 2024 la OAC incoó contra el Ayuntamiento, gobernado por el PSC, el primer expediente sancionador de su historia contra una administración por “represalias” a una denunciante, en un caso que desveló elDiario.es.
En un auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, la magistrada del juzgado de instrucción 5 de Mataró considera que los hechos denunciados en la querella no tienen relevancia penal y ha decidido archivar el caso, en una decisión que es todavía recurrible. La querella afectaba a una decena de empleados y exempleados municipales.
Hay abierta, paralelamente, otra causa por presunto acoso laboral hacia esta antigua empleada pendiente de juicio así como el mencionado expediente sancionador de la OAC.
El Ayuntamiento de Mataró siempre defendió que el caso no era más que un conflicto laboral con la denunciante, una extrabajadora municipal que perdió su plaza en un proceso de estabilización de la plantilla tras varios años como interina. El Consistorio, de hecho, no figuraba en la querella —se dirigía hacia empleados municipales— pero decidió personarse en el caso
Antifrau identificó ocho “represalias” contra la empleada que denunció el caso, incluyendo el “vaciado de funciones”, el cambio de ubicación física de su puesto de trabajo o el hecho de no reconocer que durante 11 meses había trabajado a un nivel superior al de su plaza.
Más de un lustro de batalla legal
La persona protegida por Antifrau y el Ayuntamiento de Mataró han estado más de un lustro enfrascados en una batalla burocrática y administativa que ha incluido la presentación de una veintena de recursos administrativos, solicitudes de acceso a información pública y en materia de protección de datos.
Según la denunciante, los problemas con el Ayuntamiento se iniciaron cuando en 2019 presentó una denuncia por presunto acoso laboral. El proceso fue desestimado y la resolución fue trasladada a una docena de empleados del departamento, que habían recogido firmas en contra de la denunciante.
La Autoritat Catalana de Protecció de Dades consideró una “falta muy grave” que el Ayuntamiento de Mataró no hubiera garantizado la confidencialidad de sus datos en el transcurso del procedimiento por presunto acoso laboral.
Posteriormente presentó una denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que en 2021 incoó un expediente por incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, si bien precisó que no se podía considerar acreditado que estos riesgos psicosociales estuvieran causalmente relacionados con los problemas de salud de la persona protegida, que desde 2018 causó diversas bajas laborales.