Minería ilegal: un riesgo estructural para Bolivia
“Presencia e incidencia de la minería ilegal en Bolivia”, investigación desarrollada por Alfredo Zaconeta, advierte que la minería ilegal dejó de ser un fenómeno aislado para convertirse en un problema estructural que compromete seriamente los recursos naturales, las finanzas públicas y la estabilidad social del país.
El trabajo muestra que hoy, dicha actividad ilícita impacta en la economía, el medioambiente y la seguridad nacional.
El informe identifica a La Paz, Beni y Pando como los principales epicentros de la extracción aurífera ilegal en la última década. En estas regiones, numerosas dragas y balsas operan bajo la fachada de cooperativas, sin controles ambientales, en ríos estratégicos como el Madre de Dios y dentro de áreas protegidas, entre ellas el Parque Nacional Madidi.
Minería Ilegal
El uso intensivo de mercurio en el proceso de recuperación del oro provocó una contaminación persistente de las fuentes de agua, con efectos directos sobre la salud de las comunidades indígenas ribereñas.
Asimismo, estudio señala que los niveles de toxicidad superan los parámetros sanitarios permitidos, generando riesgos graves para la seguridad alimentaria y el equilibrio ecológico.
Según la investigación, esta economía ilegal se sostiene con capitales extranjeros, principalmente de origen chino, colombiano y peruano, que aportan financiamiento, maquinaria y logística, eludiendo la normativa vigente y debilitando los mecanismos de fiscalización estatal.
Impacto
En el occidente, especialmente en Oruro y Potosí, la ilegalidad se manifiesta a través del “jukeo”, el robo sistemático de mineral que afecta a empresas estatales como Huanuni y Colquiri. Solo en Huanuni, las pérdidas anuales alcanzan los 20 millones de dólares, de acuerdo con el estudio.
El documento también expone la persistencia del trabajo infantil y adolescente en cooperativas mineras, una práctica que ya generó sanciones internacionales, como la exclusión de la Metalúrgica Vinto de la cadena de proveedores de Apple en 2018.
Pese a que la minería representó el 52,4% de las exportaciones en 2024, su aporte al Producto Interno Bruto cayó del 7,6% en 2009 al 5,1% en 2023, debido a la evasión de regalías y tributos. Zaconeta concluye que enfrentar este fenómeno requiere reformas profundas, trazabilidad del mineral y una estrategia integral que recupere la presencia del Estado en los territorios afectados.
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