La Asociación de Familias por la Inclusión Educativa de Castilla-La Mancha ha expresado su «firme rechazo» a la reciente «campaña difundida en redes sociales» en relación con un alumno de primero de Educación Primaria escolarizado en el CEIP Pedro Melendo García, en la localidad de Olías del Rey. La asociación critica que el uso de un «lenguaje alarmista y carente del debido rigor en la comunicación difundida en redes sociales ha propiciado una reacción desproporcionada », que se ha materializado en «mensajes de odio , estigmatización y violencia verbal dirigidos contra un menor de seis años con necesidades específicas de apoyo educativo». Estas manifestaciones se producen después de que la madre de una alumna del centro denunciara en redes sociales «episodios de violencia» protagonizados por un alumno que se incorporó al colegio el pasado mes de septiembre. Desde la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha han defendido haber actuado de «manera inmediata y continuada» desde el primer momento en que la Inspección de Educación tuvo conocimiento de la situación. Para la asociación, «la exposición pública de un niño en tales términos no solo resulta contraria a los principios básicos de protección a la infancia, sino que compromete su derecho al honor, a la intimidad y a la dignidad personal, especialmente cuando concurren circunstancias individuales que requieren una respuesta educativa especializada y ajustada». En este sentido, subrayan que, «si bien es cierto que la inclusión educativa exige una mejora constante de los recursos personales y técnicos por parte de la Administración para dar respuesta adecuada a la diversidad del alumnado», tras las consultas realizadas con la dirección del centro y con la Delegación Provincial de Educación, «se ha podido constatar que el alumno de primero de Educación Primaria al que se atribuyen determinadas conductas disruptivas dispone actualmente de apoyo especializado durante la totalidad de la jornada escolar». Asimismo, aseguran que «se encuentran activados los recursos humanos y las medidas organizativas y técnicas necesarias para garantizar, de manera simultánea, la seguridad del conjunto del alumnado y el derecho a una educación inclusiva del menor afectado». La asociación considera que la publicación inicial «ha actuado como detonante de una cadena de comentarios en redes sociales que vulneran gravemente la dignidad inherente a la infancia». Entre ellos, indican, «se han identificado expresiones despectivas y deshumanizadoras dirigidas a un menor, así como asociaciones infundadas entre diversidad funcional, supuesta conflictividad y carencias familiares». «Este tipo de discursos no solo carecen de rigor, sino que contribuyen a reforzar estereotipos y a estigmatizar situaciones que requieren abordaje técnico y educativo, no juicio social», inciden. Desde la Asociación de Familias por la Inclusión Educativa advierten de que la exposición pública de un niño en estos términos «supone una forma de señalamiento incompatible con los principios de protección que amparan a los menores, especialmente a los que presenten cualquier situación de especial vulnerabilidad». Además, alertan de que «la utilización de su situación personal en el debate público, con independencia del canal empleado, genera un impacto emocional potencialmente lesivo tanto para él como para su entorno familiar». Finalmente, recuerdan que la educación inclusiva «no constituye una opción discrecional , sino un derecho reconocido en nuestro ordenamiento jurídico y un principio rector del sistema educativo», y subrayan que su desarrollo efectivo «exige actuaciones basadas en criterios técnicos, proporcionalidad y respeto a la dignidad de todo el alumnado».
