Llama a la cautela: Montes responde tras auditorías por reconstrucción del megaincendio en Valpo

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, intervino en la creciente tormenta política desatada por las recientes auditorías de la Contraloría General de la República. El informe, que pone bajo la lupa la reconstrucción tras el megaincendio de 2024 en la Región de Valparaíso, expone una realidad que ha dejado atónitos a diversos sectores: una red de irregularidades financieras donde destacan pagos sin respaldo por $525 millones y sobreprecios que, en algunos casos, escalaron hasta un insólito 557%.

Ante las voces que exigen responsabilidades inmediatas, Montes ha optado por un discurso de prudencia, intentando frenar lo que considera una ola de descalificaciones prematuras. El secretario de Estado insistió en que, antes de apuntar a figuras como la exdelegada Sofía González o las alcaldesas Macarena Ripamonti y Valeria Melipillán, el documento debe ser analizado con una seriedad que, a su juicio, ha faltado en el debate público. Su llamado busca evitar que se asuman irregularidades como verdades jurídicas antes de que terminen las investigaciones administrativas correspondientes.

Los hallazgos del ente fiscalizador

El cuestionamiento fiscal es, sin embargo, difícil de ignorar. El organismo dirigido por Dorothy Pérez no solo desnudó la existencia de lo que algunos ya llaman “pagos fantasmas” en la Delegación de Valparaíso, sino que también detectó una falta de control interno que permitió contrataciones directas para la remoción de escombros con valores hasta cinco veces superiores a los del mercado. A esto se suma el hallazgo de empresas que, tras adjudicarse licitaciones clave, subcontrataron la totalidad de sus servicios, operando prácticamente como intermediarios en un momento donde la eficiencia era vital para los damnificados.

Desde la vereda de la defensa, Montes argumentó que la magnitud de la tragedia de 2024 impuso una urgencia que pudo haber tensionado los procesos administrativos. Al recordar las labores del Ministerio de Obras Públicas, el ministro subrayó que la prioridad absoluta en los días posteriores al fuego era la demolición y limpieza de los terrenos para habilitar la reconstrucción. No obstante, esta explicación no ha logrado calmar los ánimos de una oposición que ve en estos hallazgos un golpe demoledor a la fe pública, especialmente cuando miles de familias aún aguardan por una solución habitacional definitiva en los cerros de la Quinta Región.