La Policía «blinda» a los equipos que investigan el "caso Plus Ultra"
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional sigue analizando y desentrañando la información que obra en los dispositivos requisados a la aerolínea Plus Ultra. Un juzgado de Madrid investiga a la empresa por presunto blanqueo derivado del rescate público de 53 millones de euros que recibió en 2021 de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y de un posible desfalco de Venezuela.
Los agentes registraron la sede de la compañía en diciembre del año pasado y detuvieron a su presidente, Julio Martínez, y al CEO de Plus Ultra, Roberto Rosell, además de a un abogado y a un empresario que le prestaba «trabajos de asesoría», «Julito» Martínez. La presión mediática sobre el caso, debido a los lazos de la empresa con el citado país latinoamericano, ha llevado a la Policía a «blindar» a los equipos de antiblanqueo que rastrean las cuentas, correo electrónicos y mensajes intervenidos.
Según pudo saber LA RAZÓN, los grupos han sido «reestructurados» para evitar fugas de información y que el trabajo policial se desarrolle con total confidencialidad. La investigación sigue bajo secreto de sumario, y fuentes jurídicas apuntan a que están a la espera de saber si el caso terminará en la Audiencia Nacional.
La sombra de un posible «chivatazo» sobrevuela la causa desde que los agentes constataran que los detenidos habían eliminado información de sus teléfonos móviles y sus dispositivos electrónicos. Eso llevó al jefe de Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, a ordenar que todos los avances les fuesen comunicados a sus subalternos en lugar de a los superiores policiales. Sin embargo, por el momento no hay rastro de que el «soplo» se produjese desde las oficinas de la Comisaría General de Policía Judicial, donde se enmarca la UDEF, tal y como contó LA RAZÓN. Distintas fuentes señalan al ámbito judicial como posible foco de la advertencia a los investigados. Pese a todo, la Policía quiere «curarse en salud» y ha decidido proteger a sus hombres para que las dudas hacia el exterior no enturbien su trabajo.
La causa tiene en el punto de mira una presunta organización criminal que se habría dedicado a blanquear fondos previamente malversados por funcionarios del régimen bolivariano. El dinero vendría, por un lado, de la venta de oro del Banco de Venezuela, y por otro, del conocido programa CLAP (Comités locales de Abastecimiento y Producción), un sistema para ayudar a familias vulnerables.
El otro punto clave en la investigación son los prestamos que Plus Ultra suscribió con tres empresas dedicadas presuntamente al lavado de dinero y que se firmaron después del polémico rescate que autorizó el Gobierno. Como publicó este medio, la Fiscalía cree que la compañía formaría parte de una presunta organización criminal con ramificaciones en España, Suiza y Francia, que estaría implicada en la venta de oro y también de relojes de lujo.
El objetivo es aclarar los verdaderos vínculos de la compañía aérea con esta presunta trama criminal y si, como apuntó la Fiscalia Anticorrupción, se hizo un «uso indebido de ayudas públicas españolas» ya que ello sería constitutivo de una defraudación al Estado. Cabe recordar que las diligencias que impulsaron las acusaciones populares por el rescate de la compañía ya evidenciaron que la misma estaba en causa de disolución cuando el Gobierno de Pedro Sánchez le inyectó el rescate.
Denuncia de Plus Ultra
Por otra parte, como ha podido saber este periódico, Plus Ultra se plantea denunciar la "filtración" de sus cuentas y anotaciones contables.En las últimas semanas, se han publicado informaciones referentes a sus cuentas, y fuentes cercanas a la compañía están convencidas de que sólo pueden salir del juzgado que lleva la causa o de la Policía Nacional.
Por el momento, la Unidad de Asuntos Internos (UAI), los agentes que vigilan a los policías, no ha iniciado ninguna investigación, tal y como ha podido saber este periódico. Sobre el caso sobrevuela la sombra de un «chivatazo», ya que los investigados borraron información de sus móviles y correos antes de ser detenidos. Sin embargo, la UAI no ha iniciado ninguna pesquisa porque «no puede meterse en una investigación porque sí» y necesitan que sea el juez quien lo solicite.
Las fuentes consultadas explican que otra vía para abrir una investigación interna dentro de la Policía es que «alguna de las partes presente una denuncia». Esa situación no se había presentado hasta ahora, pero el paso adelante de la aerolínea podría llevar la causa hasta ese punto.