Sumar arremete en el Congreso contra los créditos rápidos

Sumar impulsa en el Congreso un cambio clave en los créditos rápidos

Sumar defenderá esta semana en el Congreso una proposición no de ley con la que pretende endurecer la normativa de los créditos rápidos en España y ampliar el ámbito de aplicación de la regulación vigente. La iniciativa se debatirá en el Pleno de la Cámara Baja y pone el foco en un segmento financiero que, según el grupo, ha quedado parcialmente fuera del control efectivo de las autoridades.

Actualmente, la normativa establece un límite que deja fuera determinados préstamos de muy baja cuantía. La formación considera que esta frontera normativa ha permitido la proliferación de productos con condiciones especialmente gravosas para los consumidores, sin un marco homogéneo de supervisión ni criterios claros para determinar cuándo existe usura.

El elemento central de la propuesta es la eliminación del límite de 200 euros que marca la regulación actual. Con este cambio, los créditos de importe inferior a esa cantidad quedarían también sujetos a las mismas exigencias que el resto de préstamos al consumo, cerrando una vía utilizada por algunas empresas para operar con menores controles.

Intereses de hasta el 59.000 TAE y falta de supervisión

En su iniciativa, Sumar alerta de que las empresas que ofrecen créditos de pequeños importes —entre 50 y 1.000 euros— han proliferado en los últimos años, especialmente a través de plataformas digitales. Según el texto registrado, algunos de estos préstamos pueden alcanzar intereses de hasta el 4.000 %, 5.000 % e incluso el 59.000 % TAE.

Estas cifras, unidas a comisiones adicionales y a la acumulación de recargos por demora, pueden desembocar en lo que el grupo define como espirales de pagos imposibles. En muchos casos, el prestatario solicita un importe reducido para cubrir una necesidad urgente y termina afrontando una deuda muy superior a la inicialmente contraída.

Créditos rápidos sin reserva de actividad

Uno de los puntos más críticos señalados en la propuesta es que en España no existe una reserva de actividad específica para la concesión de crédito al consumo. Esto implica que no todas las empresas que conceden préstamos inmediatos están obligadas a someterse a la supervisión directa del Banco de España.

La ausencia de un registro obligatorio y centralizado de prestamistas dificulta, según el grupo parlamentario, el control administrativo y la defensa de los consumidores. En algunos casos denunciados ante los tribunales, las sociedades se disuelven tras acumular reclamaciones, lo que complica la posibilidad de exigir responsabilidades.

Falta de criterios claros para declarar usura

La proposición también recoge que algunos tribunales han señalado la inexistencia de un parámetro objetivo claro para calificar un crédito como usurario en este ámbito concreto. Aunque la legislación española contempla mecanismos contra la usura, la aplicación práctica en los créditos rápidos de muy baja cuantía presenta lagunas interpretativas.

Sumar plantea que se establezcan criterios definidos que permitan determinar cuándo un préstamo debe considerarse abusivo. El objetivo es evitar costes de crédito excesivos y reforzar la seguridad jurídica tanto para consumidores como para operadores.

Supervisión del Banco de España y nuevas obligaciones

Otro de los ejes de la iniciativa es que todas las empresas que operen en el mercado de créditos al consumo, incluidos los créditos rápidos de bajo importe, queden sometidas al control y supervisión del Banco de España. El organismo supervisor ya ejerce funciones en el ámbito financiero, pero la propuesta busca ampliar su alcance efectivo en este segmento.

La formación también propone la creación de un procedimiento de registro obligatorio para todos los prestamistas de crédito al consumo. Solo podrían desarrollar esta actividad aquellas empresas que acrediten solvencia suficiente y adopten prácticas respetuosas con los derechos de los consumidores.

Modelos contractuales y estándares mínimos

Entre las medidas planteadas figura la exigencia de modelos contractuales con estándares adecuados de información y transparencia. La finalidad es que el consumidor conozca de forma clara el coste total del crédito, incluidos intereses, comisiones y posibles penalizaciones por impago.

Asimismo, se propone prohibir la publicidad de créditos rápidos que destaque exclusivamente la facilidad de obtención o la inmediatez del dinero, sin informar de forma visible y comprensible sobre el coste real del préstamo. El objetivo es evitar mensajes comerciales que puedan inducir a error o minimizar el impacto financiero.

Referencia a la normativa europea y uso de Inteligencia Artificial

La iniciativa tiene en cuenta la Directiva europea de 2023 relativa a los contratos de crédito al consumo, que refuerza las obligaciones de información y protección de los prestatarios en toda la Unión Europea. España debe adaptar su normativa a este marco comunitario, lo que abre la puerta a una revisión más amplia del sistema vigente.

En este contexto, Sumar plantea impulsar las medidas necesarias para garantizar que los créditos rápidos no presenten un carácter abusivo y que se protejan los derechos de los consumidores, en línea con los estándares europeos.

Además, propone articular, junto al resto de administraciones, un estudio específico que utilice herramientas tecnológicas, incluida la Inteligencia Artificial, para detectar anuncios, posibles abusos y fraudes vinculados a estos prestamistas. En caso de acreditarse irregularidades, se contemplaría la imposición de sanciones administrativas o incluso la remisión a la vía penal.

Impacto en el mercado de microcréditos

Si la iniciativa prospera y se traduce en reformas legislativas, el mercado de microcréditos podría experimentar un cambio sustancial. La inclusión de los préstamos inferiores a 200 euros dentro del ámbito regulado ampliaría el perímetro de control y obligaría a revisar prácticas comerciales y estructuras de costes.

En el tramo final de su propuesta, Sumar insiste en que el debate en el Congreso sobre los créditos rápidos y el límite de 200 euros debe servir para reforzar la supervisión del Banco de España y cerrar las brechas normativas que, a su juicio, han permitido situaciones de abuso en el mercado del crédito al consumo.