USAC elige a Julia Marisol Rivera Aguilar como magistrada titular de la CC

En una jornada marcada por protestas, señalamientos de ilegitimidad y fuerte tensión política, el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) eligió el 16 de febrero a Julia Marisol Rivera Aguilar como magistrada titular de la Corte de Constitucionalidad (CC) para el período 2026-2031.

Es noticia. La votación se llevó a cabo en un hotel de Antigua Guatemala luego de que el CSU convocara a sesión extraordinaria para definir a sus representantes en el máximo tribunal constitucional del país.

• La elección del CSU ocurre en medio de un contexto cargado de denuncias, amparos e impugnaciones, principalmente porque más del 50 % de sus integrantes continúan ejerciendo con cargos vencidos.
• Esta situación ha generado cuestionamientos públicos sobre su legitimidad, tanto del CSU y del propio rector.
• La sesión fue convocada por la administración del rector Walter Mazariegos, cuya conducción del órgano universitario ha sido señalada por sectores estudiantiles y profesionales como parte de un proceso de cooptación interna.

Sí, pero. Pese a ese ambiente hostil, Julia Marisol Rivera Aguilar, abogada y notaria graduada de la USAC en 2008, logró posicionarse como una de las candidatas con mejor perfil técnico dentro del listado de aspirantes.

• Con una carrera de más de 15 años dentro del Organismo Judicial —incluyendo su rol como jueza de paz (2009-2015), jueza de Primera Instancia Penal en Jutiapa (2015-2022) y posteriormente en Amatitlán (2022-2026)— su trayectoria destaca por su continuidad y especialización en materia penal.
• Además, se ha desempeñado como Asesora Jurídica de la Facultad de Humanidades entre 2024 y 2025. Rivera Aguilar también registra un único contrato con el Estado en 2015, por un monto de GTQ 17 400.
• Pero lo que más habría pesado en su elección es que es esposa de Luis Fernando Cordón Lucero, persona cercana y de confianza de Mazariegos.,

Qué destacar. Su postulación llamó la atención porque, al igual que otros 13 aspirantes, se presentó tanto para la magistratura titular como para la suplente. Este grupo de candidatos incluía figuras polémicas, como la fiscal general María Consuelo Porras y la actual presidenta de la CC, Leyla Lemus, ambas fuertemente cuestionadas por distintos sectores.

• La votación del CSU no estuvo exenta de incidentes. En las primeras horas de la mañana, estudiantes y otros colectivos bloquearon el ingreso a Antigua Guatemala, acusando al CSU de operar de manera ilegal y denunciando que sus decisiones comprometen la independencia judicial del país.
• La designación de Rivera representa un paso más en la integración de la nueva Corte de Constitucionalidad. Con ella, el CSU se suma al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), que ya eligió el pasado 12 de febrero a Astrid Jeannette Lemus Rodríguez como magistrada titular y a Luis Fernando Bermejo Quiñónez como magistrado suplente.
• Esta primera elección del CANG estuvo marcada por allanamientos del Ministerio Público, cortes de energía durante el conteo y tensiones políticas que incluso provocaron declaraciones del presidente Bernardo Arévalo.

Por qué importa. La importancia de estas designaciones radica en que la Corte de Constitucionalidad será determinante en el reordenamiento institucional del país durante los próximos cinco años.

• La CC resuelve conflictos entre organismos del Estado, y también define el rumbo de procesos electorales, acciones de amparo, impugnaciones legales y controversias que afectan directamente a la gobernabilidad y el Estado de derecho.
• Por ello, los sectores académicos, políticos y ciudadanos han puesto especial atención al proceso que lleva adelante la USAC, una de las cinco instituciones encargadas de integrar este tribunal según la Constitución.
• Con la elección de Rivera, el CSU avanza en su papel constitucional pese al clima de cuestionamientos. Falta ahora conocer si la designación será objetada por sectores que han denunciado irregularidades en la convocatoria y la participación de consejeros con período vencido.