Manos Limpias denuncia en el TSJ vasco a la consejera de Justicia por la semilibertad de "Txeroki"

La semilibertad de la que disfruta[[LINK:EXTERNO|||https://www.larazon.es/espana/txeroki-criminal-aficionado-porros-traiciones_20260207698766689243cc133c3940d2.html||| el exjefe de ETA Garikoitz Aspiazu «Txeroki»]], condenado a penas que suman más de 400 años de prisión, ha llegado a los tribunales. Manos Limpias ha denunciado por prevaricación ante el Tribuna Superior de Justicia del País Vasco a la consejera de Justicia del Gobierno de Imanol Pradales, María Jesús San José, y al director de Instituciones Penitenciarias del Ejecutivo autonómico, Pablo Martínez Larburu.

El colectivo de funcionarios responsabiliza al director de Instituciones Penitenciarias y a la consejera que lo nombró para el puesto de la aplicación a «Txeroki» del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, una semilibertad a caballo entre el segundo y el tercer grado penitenciario que permite al etarra salir de prisión entre semana de ocho de la mañana a nueve de la noche, para realizar tareas de voluntariado, y regresar únicamente para dormir a Martutene (San Sebastián).

Para la asociación que preside Miguel Bernad, «la resolución del director general no se concibe sin la anuencia, el beneplácito e incluso el mandato de la consejera» de Pradales.

Hasta el momento, y a la espera de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional –que según fuentes del Ministerio Público no ha recibido aún la comunicación oficial de la semilibertad de Garikoitz Aspiazu– decida si recurre ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria esa resolución del Gobierno vasco, se trata de la primera iniciativa que llega a los juzgados a raíz de esa polémica excarcelación.

Aplicación "espuria" del Reglamento

En la denuncia interpuesta en la Sala Civil y Penal del TSJ vasco, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, Manos Limpias sostiene que la transferencia de competencias en materia de régimen penitenciario por parte del Gobierno central al Ejecutivo vasco –que se produjo en 2021– «está siendo aplicada de manera espuria, ilegal e ilícita favoreciendo excarcelaciones y grados de progresión a etarras condenados por delitos de terrorismo».

Según pone de manifiesto, «el caso más escandaloso y flagrante es el del etarra “Txeroki”, exjefe de ETA, en régimen de semilibertad». Para Manos Limpias, Garikoitz Aspiazu no cumple con los requisitos que fija el Reglamento Penitenciario para la concesión de esa semilibertad. «No ha cumplido la cuarta parte de la condena», se queja, ni tampoco «su responsabilidad civil con las víctimas». Y, sobre todo, añade, «no se ha arrepentido». De ahí que señale que «la flexibilidad del Reglamento Penitenciario ha sido utilizada con fraude de ley».

Según su criterio, al margen del recurso que pueda interponer el Ministerio Público por vía contencioso-administrativa para intentar revertir la semilibertad de «Txeroki», resulta «evidente» que se ha cometido un delito de prevaricación por parte de funcionario público.

Y recuerda que el artículo 404 del Código Penal castiga estas conductas cometidas por funcionarios cuando la resolución que dicten sea contraria a derecho y, además, «injusta» y se actúe a sabiendas. «Todos estos requisitos a juicio del denunciante se dan en el presente caso», subraya.

Reclamar el expediente

Manos Limpias anuncia su intención de transformar la denuncia en querella, si así lo decide el TSJ del País Vasco en caso de que abra diligencias para investigar los hechos. Si es así, solicita al tribunal superior que reclame a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias del Gobierno vasco «el correspondiente expediente administrativo» que avaló la aplicación del artículo 100.2 a Garikoitz Aspiazu y el consiguiente régimen de semilibertad del que ahora disfruta.

La salida de prisión del exjefe de ETA ha soliviantado a las víctimas del terrorismo, incrédulas ante la aplicación del citado artículo (que ha canalizado la semilibertad de más terroristas que no cumplían los requisitos para optar al tercer grado penitenciario, entre otros Juan Carlos Iglesias Chouzas, «Gadafi»). Tras conocer la decisión del Gobierno vasco, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) expresó su malestar en un comunicado al considerarla «un nuevo varapalo para las víctimas del terrorismo».

La vía del 100.2, se quejó la AVT, «se ha convertido en un tercer grado encubierto», en «una herramienta legal que permite flexibilizar el régimen penitenciario de quienes no cumplen los requisitos necesarios para acceder al tercer grado ordinario». La asociación que preside Maite Araluce hizo hincapié en que desde febrero de 2022, apenas cuatro meses después del traspaso de las competencias en materia penitenciaria al Gobierno vasco, este ha concedido 113 progresiones a tercer grado a 93 presos de ETA.

Por su parte, el presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero, denunció que la aplicación del artículo 100.2 «está siendo un coladero». «Decenas de etarras condenados en firme por delitos de sangre están siendo puestos en semilibertad, no por su buen comportamiento ni porque estén colaborando con la justicia, sino porque es lo que ha exigido Bildu a Pedro Sánchez para que este continúe en La Moncloa», puso de relieve el hijo del fiscal asesinado por ETA Luis Portero.