La Auditoría Superior de la Federación (ASF) documentó probables irregularidades por un monto de 65 mil 169 millones de pesos pendientes de aclarar en la revisión de la Cuenta Pública 2024.De ese monto, 59 mil 363 millones corresponden a observaciones al gasto federalizado de estados y municipios, mientras los restantes 5 mil 805 millones fueron ejercicios por el Poder Judicial de la Federación, diversas entidades del gobierno federal y empresas públicas.El auditor superior David Colmenares entregó este martes a la Cámara de Diputados la tercera y última parte de las 2 mil 264 auditorías practicadas a la Cuenta Pública 2024, correspondientes al último año de la administración de Andrés Manuel López Obrador.El informe consolidado de las tres entregas reporta una recuperación de más de 2 mil millones de pesos.Por lo que hace al gobierno federal, los más elevados montos pendientes de aclaración son de Petróleos Mexicanos (Pemex), con mil 762 millones de pesos; Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, con mil 215 millones; Salud, con 585 millones; Marina, con 507 millones, Ciencia, Humanidades y Tecnología, con 266 millones; Educación, con 231 millones, y Medio Ambiente, con 225 millones.Además, la ASF hizo al Poder Judicial de la Federación observaciones por 284 millones de pesos pendientes de aclarar.Sin embargo, el mayor monto de irregularidades por solventar corresponde a estados y municipios con un total de 59 mil 363 millones de pesos tan solo en 2024.Las principales observaciones al gasto federalizado apuntan a las Aportaciones Federales, con 36 mil 647 millones de pesos; Participaciones Federales, 15 mil 680 millones; Educación, 3 mil 989 millones; Salud, mil 591 millones; Infraestructura Física, mil 391 millones; Infraestructura Social, 666 millones, y Protección Social, 275 millones.Colmenares detalló que la principal irregularidad en materia de gasto federalizado fue la falta de entrega de documentación que acreditara el destino y ejercicio de los recursos de origen federal y, en menor medida, las obras efectuadas sin acreditar el beneficio a la población objetivo.Subrayó que en más de 85 por ciento de las auditorías a municipios se emitieron observaciones de responsabilidades administrativas por el uso indebido de recursos de origen federal, lo cual representó un incremento de más del 147 por ciento con respecto a la Cuenta Pública de 2023.En vísperas de que la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados inicie el proceso de selección del auditor superior para el periodo 2026-2034, Colmenares sostuvo que los informes presentados confirman el cumplimiento de su responsabilidad constitucional y son producto de un trabajo profesional con estricto apego a la norma. “La fiscalización superior no se trata de individualismos, protagonismos, ni de aplausos o declaraciones; se trata de evidencias y rigor técnico”, puntualizó.Señaló que el papel del auditor superior requiere en los tiempos actuales de total imparcialidad y neutralidad en la conducción de los procesos de fiscalización a las distintas entidades públicas, en atención al reto de generar y fortalecer la confianza del pueblo en sus instituciones.LG
