La consolidación que cambia de forma
La discusión fiscal en México ha entrado en una nueva etapa. Entre los cierres de 2024 y 2025, el debate giró en torno a una palabra casi obsesiva: consolidación. Reducir el déficit, estabilizar la deuda, recuperar el superávit primario (aún pendiente). El mensaje era claro: después de un desbalance histórico, había que recomponer las cuentas públicas.
Los datos más recientes confirman que buena parte de ese ajuste ya ocurrió. Los Requerimientos Financieros del Sector Público bajaron de 5.8% a 4.8% del PIB y el balance primario prácticamente regresó a terreno de equilibrio. No es menor: implicó contención del gasto y disciplina en un entorno donde las condiciones cíclicas fueran adversas.
Pero justo cuando la narrativa de austeridad parecía asentarse, el gobierno anunció el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo y el Bienestar 2026–2030, con una cifra que de entrada sorprende: 325 mil millones de dólares, equivalentes a 5.6 billones de pesos. A primera vista, la pregunta es inevitable: ¿cómo se concilia un plan de inversión de esa magnitud con un discurso de consolidación fiscal?
La respuesta está menos en el tamaño del anuncio y más en su arquitectura. Las autoridades han sido explícitas en señalar que el plan no implica un incremento sustancial del déficit. El financiamiento descansará en mecanismos extrapresupuestarios, vehículos financieros, fideicomisos y mayor participación de empresas productivas del Estado y capital privado. En otras palabras: no se trata de expandir el déficit abierto, sino de reorganizar el balance.
Esto marca un cambio relevante. La consolidación ya no se entiende como una reducción continua y acelerada del déficit año tras año, sino como la fijación de una nueva ancla. El presupuesto para 2026 sugiere que el déficit presupuestario se estabilizará alrededor de 3.6% del PIB (debajo del 3.9% de 2025), lejos del ajuste abrupto observado entre 2024 y 2025, pero también lejos de un relajamiento desordenado.
La estrategia implícita es clara: una vez creado cierto espacio fiscal mediante el ajuste de 2025, ese margen puede redirigirse hacia inversión pública. El intercambio es evidente: tolerar un déficit moderadamente más alto a cambio de apoyar el crecimiento.
Desde una perspectiva macroeconómica, el mensaje no es contradictorio; es matizado. México no está abandonando la disciplina fiscal. Está redefiniendo qué significa disciplina. El objetivo ya no es minimizar el déficit cada año, sino mantenerlo en un nivel que permita estabilizar la deuda como proporción del PIB mientras se reorienta el gasto hacia formación de capital. No obstante, esta redefinición tiene límites.
Primero, porque el margen fiscal no es amplio. Con el déficit anclado cerca de 4.5% del PIB en su medida más amplia y con la deuda revisada al alza tras el cambio en la base del PIB, el espacio para experimentos adicionales es reducido. Segundo, porque el uso de mecanismos fuera del presupuesto tradicional introduce un nuevo eje de escrutinio: la calidad y transparencia de esos instrumentos.
La credibilidad del plan de inversión no dependerá tanto del monto anunciado como de su ejecución. ¿Se logrará atraer capital privado sin trasladar riesgos contingentes excesivos al soberano? ¿Se evitará que las empresas productivas del Estado —en particular Pemex— se conviertan nuevamente en canales indirectos de presión fiscal? ¿Los fideicomisos y vehículos financieros serán suficientemente transparentes para que el mercado evalúe su verdadero impacto?
En este punto, la discusión se conecta con algo más profundo: el crecimiento. Si la inversión pública logra elevar el producto potencial, el propio denominador de la razón deuda/PIB jugará a favor de la sostenibilidad. Pero si la ejecución es ineficiente o la rentabilidad social y financiera de los proyectos es baja, el resultado podría ser simplemente una deuda mayor sin un crecimiento que la respalde.
Ahí está el verdadero giro de la política fiscal mexicana: la sostenibilidad ya no descansa exclusivamente en la austeridad, sino en la capacidad de brindar soporte al crecimiento. El ancla no es solo el déficit; es la expansión del PIB.
El cierre de 2025 confirmó que la consolidación fue real, pero también que se acerca a sus límites prácticos. No se puede recortar indefinidamente sin afectar inversión, operación gubernamental o programas sociales.
Es una transición delicada. En términos financieros, equivale a pasar de una estrategia de desapalancamiento acelerado a una de estabilización con reasignación. En términos políticos, implica defender la disciplina mientras se anuncia una agenda ambiciosa de inversión. Hacia adelante habrá quienes cuestionen si México está rompiendo el ancla fiscal. No lo está. La pregunta es si podrá sostener este nuevo equilibrio: un déficit controlado, deuda estabilizada y una expansión de inversión que realmente detone crecimiento.
Si lo logra, la narrativa cambiará. La consolidación dejará de verse como sinónimo de ajuste permanente y empezará a entenderse como una plataforma para invertir mejor. Si falla, el margen ganado en 2025 podría diluirse rápidamente.