El centro del debate no es un cargo, es el sistema educativo

Hoy después de casi una semana de turbulencia mediática de los dimes y diretes sobre oficios, instrucciones y atrincheramientos, en Mexicanos Primero nos da gusto que el tema educativo esté sobre la mesa. Para eso surgió esta organización de la Sociedad Civil hace casi 19 años, para que la educación se discuta en conversaciones cotidianas, en mesas de análisis político, en medios de comunicación y en la conversación pública en general. La educación no puede ser un asunto marginal. Sin embargo, hoy sí queremos ser claros en que la discusión debe desplazarse hacia algo más profundo: la capacidad real que tiene hoy el Estado mexicano para garantizar educación para todas y todos los niños del país. ¿Qué nos encontramos si nos vamos hasta las entrañas del sistema? Que cada vez contamos con menos información pública sobre su desempeño. No se dan a conocer con claridad las tasas de abandono, no se publican oportunamente los datos de eficiencia terminal y no sabemos si en el corto plazo dejaremos de tener datos completos de cobertura. Cuando un sistema deja de medirse, deja también de corregirse. Y un sistema educativo que ya no se sostiene en datos y evidencia corre el riesgo de perder rumbo.

¿Qué más encontramos en el interior de la política educativa de nuestro país? Encontramos también una realidad presupuestal que no podemos ignorar. Organismos internacionales como la UNESCO han señalado que los países que han logrado mejorar la calidad de sus sistemas educativos destinan porcentajes significativamente mayores de su Producto Interno Bruto (PIB) a educación. En México, –dependiendo de la fuente la cifra cambia– llegamos a lo mucho al 4% del PIB. Con esos niveles de inversión es difícil garantizar formación docente continua, cerrar brechas de infraestructura, asegurar conectividad o preparar a las y los docentes para integrar herramientas como la inteligencia artificial en el aula. No se trata solo de gastar más, que eso ya lo estamos haciendo con los programas de becas, sino de invertir con visión estratégica y de largo plazo.

¿Y porque hablamos de estrategia y largo plazo? Porque no es viable un sistema que se reescriba cada seis años. No se necesitan planes y programas completamente nuevos en cada sexenio, ni una renovación total de materiales educativos como si todo lo anterior hubiera sido inútil. Este país necesita un sistema que pruebe lo que funciona y mejore lo que no. Estamos convencidos de que incluso en los materiales actuales hay espacio para fortalecer contenidos de lógica matemática, consolidar aprendizajes fundamentales y profundizar un enfoque de género que realmente amplíe oportunidades, incluyendo más voces de mujeres en la construcción del conocimiento. Porque hay que tener claro que mejorar no significa borrar; significa afinar, ajustar, consolidar.

Y estabilidad no es sinónimo de permanencia indefinida de personas, grupos o libros. Ningún cargo público es propiedad privada. La gobernanza del sistema educativo exige institucionalidad, reglas claras y rendición de cuentas, no figuras que se apropien de un espacio que es, en esencia, público.

Por eso la pregunta de fondo no es quién ocupa qué posición ni qué debate coyuntural domina la agenda. La pregunta es: ¿qué tipo de sistema educativo queremos en diez o veinte años? ¿Queremos uno que compita con los países que han apostado por la evidencia, la inversión sostenida y la profesionalización docente, o queremos seguir administrando inercias que nos acercan más a lógicas del siglo pasado? Tal vez el verdadero debate no es quién se va o quién se queda; la discusión debe ser que la educación no puede seguir siendo terreno de improvisación. Es, quizá más que nunca, una decisión de país.