El testimonio de Iturgaiz sobre el "hostigamiento" de ETA a Pedrosa prolonga la investigación por su asesinato

El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge ha ampliado seis meses más la investigación por el asesinato del concejal del PP en Durango (Vizcaya) Jesús María Pedrosa Urquiza el 4 de junio de 2000 con el objetivo de escuchar la versión de Carlos Iturgaiz, expresidente del PP en el País Vasco, sobre el hostigamiento de ETA al que fuera edil de su formación en el municipio vizcaíno. El instructor quiere además tomar declaración, tal y como solicitó Dignidad y Justicia (DyJ), a otros cinco exdirigentes del PP vasco, entre ellos Leopoldo Barreda, Carmelo Barrio y Carlos Urquijo.

Así lo ha acordado el juez De Jorge, a instancias de la Fiscalía y de la acusación popular, en una resolución en la que señala que «una vez que se ha recibido declaración a los investigados», resulta «necesario» para «el buen fin de la instrucción» resolver sobre esas testificales solicitadas por la asociación que preside Daniel Portero hace ya casi dos años, en abril de 2024.

De hecho, según fuentes jurídicas, desde el juzgado ya se pusieron en contacto con la acusación popular con vistas a llevar a cabo esas declaraciones, que en principio, a falta de que se acuerden formalmente, se llevarían a cabo mediante videoconferencia.

En todo caso, y dado que el plazo de instrucción expiraba el pasado día 13, el magistrado de la Audiencia Nacional lo ha ampliado hasta el próximo 13 de agosto, un plazo que entiende «razonable» y «realista» para concluir la instrucción.

Diez exjefes de ETA investigados

El juez investiga por su supuesta responsabilidad en el asesinato de Pedrosa, tras una intensa campaña de acoso y amedrentamiento, a diez exdirigentes de la banda terrorista: Javier García Gaztelu, «Txapote»; Juan Antonio Olarra Guridi; Juan Carlos Iglesias Chouzas, «Gadafi»; Ainhoa Múgica; María Soledad Iparraguirre, «Anboto»; Ignacio Gracia Arregui, «Iñaki de Rentería»; Mikel Albisu, «Mikel Antza»; Asier Oyarzabal; Vicente Goicoechea; y Ramón Sagarzazu. En noviembre del pasado año, estos cinco últimos se acogieron a su derecho a no declarar, desmarcándose del atentado.

De Jorge intenta acreditar el clima de terror que tuvieron que padecer los concejales del PP en el País Vasco por parte de ETA y su entorno para forzar su salida del País Vasco en el marco de una «estrategia de terror continuada», «indiscriminada y persistente» a la que se refirió el entonces juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal al admitir a trámite la querella de DyJ.

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional ya escuchó los testimonios de los exconcejales del PP en Durango Carlos García y Juan José Gastañazatorre, que fueron compañeros de Pedrosa en el Consistorio, así como de José Urquizu, hijo del teniente coronel del Cuerpo de Sanidad José María Urquizu, asesinado por ETA en Durango el 13 de septiembre de 1980, en la farmacia que regentaba la familia en el municipio.

Sometido a una "persecución"

Ahora, la acusación popular espera que acuerde la declaración como testigos de Carlos Iturgaiz, quien «conocía plenamente el hostigamiento y persecución a los que ETA sometió» a Pedrosa durante años; Leopoldo Barreda, expresidente del PP en Vizcaya, también sabedor de la situación de «acoso» que padecía el edil; Carmelo Barrio, ex secretario general del PP en el País Vasco, quien también fue testigo de esa situación; Carlos Urquijo, que sufrió igualmente «esa persecución durante toda su trayectoria política»; el exconcejal del PP en Durango Juan Manuel Micolta y Luciano Galán, que fue edil popular en Orozco, que tuvieron un «conocimiento directo» de esa campaña de acoso.

La letrada de Dignidad y Justicia, Vanessa Santiago, encuadra este asesinato en una «línea estratégica de actuación» de ETA secundada bajo su dirección por sus organizaciones de apoyo y simpatizantes dirigida a «hostigar, amedrentar e incluso atentar contra determinados sectores de la población al objeto de conseguir su expulsión del País Vasco y Navarra». De hecho, en el escrito en el que solicita esas testificales pone de relieve quede los más de 15.000 objetivos sobre los que ETA recabó información a lo largo de su historia criminal, de los que más datos acumuló fueron de políticos, «y en concreto de los concejales del PP, con un total de 3.760 informaciones». Muy lejos de los 1.843 seguimientos a empresarios, los 1.294 a políticos del PSOE, los 919 a miembros de las Fuerzas Armadas, los 899 a la judicatura o los casi 800 cada uno a miembros de Policía y Guardia Civil.

Paralelamente a esa campaña de atentados, recuerda la asociación de víctimas, «se intensificó el hostigamiento social que la izquierda abertzale puso en marcha» contra los ediles, que «se acostumbraron a convivir con la amenaza de ETA y la presión constante» del entorno proetarra.

"Pedrosa tú no eres inocente"

Esas continuas amenazas se plasmaron en el caso de Pedrosa en llamadas telefónicas, en concentraciones de proetarras a las puertas de su casa, donde le dejaron muñecos con frases como «Pedrosa tú no eres inocente» (le culpaban de la política de dispersión de los presos etarras) o una botella vacía en Navidad reprochándole que él «cenase tranquilamente» mientras los presos de la banda terrorista estaban en prisión. Además, en las inmediaciones de su domicilio aparecieron carteles con su cara y panfletos con su teléfono poniendo a Pedrosa en la diana.

Para DyJ, los testigos propuestos tienen «conocimiento pleno de los hechos» que se investigan, y en particular del «acoso» y las «amenazas» sufridas por el entonces concejal del PP antes de su asesinato el 4 de junio de 2000.

Y recuerda respecto a los exjefes de ETA investigado que según los informes de los servicios de Información de Policía y Guardia Civil, el comité ejecutivo o Zuba de la banda criminal tenía la capacidad para «decidir la concreta ejecución de una acción terrorista». No solo eso, añade, cuando el objetivo era un político, «la dirección de ETA tenía que dar su autorización». En este sentido, explica Dignidad y Justicia, en cuanto al asesinato de concejales del PP «existió orden expresa a una generalidad de “comandos” para que llevasen a cabo este tipo de acciones» contra esos «objetivos especiales».