La desclasificación de documentos del 23F llega mientras la nueva ley de secretos oficiales sigue atascada en el Congreso
Esta mañana Sánchez ha adelantado a través de la red social 'X' que el 24 febrero el Gobierno desclasificará los documentos del 23-F "para saldar una deuda histórica con la ciudadanía". Sin embargo, hace siete meses, el Consejo de Ministros dio luz verde al Proyecto de Ley de Información Clasificada, una normativa que pretende sustituir a la actual Ley de Secretos Oficiales y de la que poco más se sabe a día de hoy.
El pasado 22 de julio de 2025, el órgano aprobó la normativa con el fin de remitirla al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria.
Una norma más aparcada por el Gobierno
"Si la tramitación parlamentaria fuera rápida, la nueva ley de información clasificada podría publicarse en el BOE en el último trimestre de este año, y entraría en vigor en el último trimestre de 2026", aseguró Félix Bolaños en julio de 2025. A día de hoy, siete meses más tarde, la normativa sigue atascada en el Congreso.
El Proyecto de Ley de Información Clasificada, que establece por primera vez la desclasificación automática antes de que se cumpla un plazo máximo de 60 años, pretende sustituir a la Ley de Secretos Oficiales aprobada en 1968.
En qué consiste el Proyecto de Ley de Información Clasificada
A diferencia de la normativa actual, el tiempo máximo de clasificación será de 45 años, prorrogables otros 15 años. Esta norma también estipula que la información relativa a grandes violaciones de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad no podrá ser objeto de clasificación.
La ley también contempla una disposición adicional relativa a la desclasificación de documentos anteriores a su entrada en vigor. Asimismo, toda la información clasificada previa a 1980 se desclasificará automáticamente, "salvo que persista alguna razón de seguridad nacional o de defensa".
Qué dice la Ley de Secretos Oficiales actual
La Ley 9/1968, de Secretos Oficiales, regula la conservación y desclasificación de documentos del Estado. Según esta norma, los documentos clasificados como secretos oficiales pueden mantenerse bajo reserva hasta un máximo de 50 años, salvo aquellos considerados de "interés vital para la seguridad del Estado".
La normativa actual contempla que los documentos secretos pueden hacerse públicos cuando el interés histórico o público supera cualquier posible riesgo para la seguridad y puede ser autorizado tanto por el Presidente del Gobierno como por el Consejo de Ministros.