Lo que no podemos permitirnos
Como parte de las medidas adoptadas por la máxima dirección del país para enfrentar la actual situación energética —marcada por las dificultades en el acceso a combustibles y el recrudecimiento de presiones externas—, el Ministerio de Transporte anunció una reducción en sus servicios, con el propósito de priorizar sectores esenciales y disminuir el consumo en actividades no vitales.
Aunque la necesidad de ahorro es comprensible, la aplicación práctica de algunas decisiones revela fallas organizativas que terminan afectando directamente a la población, al no aprovecharse al máximo los pocos recursos disponibles.
En la Empresa de Ómnibus Nacionales, la mayoría de las provincias que antes contaban con varias frecuencias diarias hacia y desde La Habana quedaron ahora con una sola. Pinar del Río, por ejemplo, pasó de seis viajes a apenas dos, y Matanzas de dos a uno. A ello se suma la suspensión de varias rutas hacia y desde la capital.
No cuestiono la reducción en sí, que resulta necesaria mientras no mejore la disponibilidad de combustible. Lo que considero reprochable es la forma en que se están gestionando los viajes que permanecen activos.
Desde que está vigente la medida he realizado dos viajes desde La Habana hacia Matanzas, todo porque tuve la suerte de que esos boletos no estuvieran incluidos en los horarios suspendidos. Inadmisible ha resultado ver partir en ambas ocasiones a los ómnibus con cerca de 20 o 30 asientos vacíos indistintamente, situación que resulta preocupante en un contexto donde cada salida debería optimizarse al máximo.
Por otra parte, la suspensión del servicio de lista de espera en las terminales eliminó un mecanismo esencial para aprovechar los asientos disponibles, lo que provoca que los viajes salgan con capacidades desaprovechadas. Esta medida, lejos de contribuir al ahorro, no aporta ningún beneficio real en términos de eficiencia y termina afectando el uso racional de los recursos.
En medio de esta situación he conocido de muchos viajeros, familiares y amigos que se han visto obligados a recurrir al transporte privado, donde los prohibitivos precios hacia Matanzas, por ejemplo, oscilan entre 4 000 y 5 000 pesos. En un contexto como este, esas tarifas colocan a los que deben viajar por razones impostergables en una posición de vulnerabilidad.
Resulta contradictorio permitir situaciones que llevan a la falta de sensibilidad. Al informarse las medidas hace algunas semanas se detalló que los pasajeros afectados podían solicitar el reintegro total del importe del pasaje. Sin embargo,
devolver el dinero no resuelve la necesidad de traslado. Junto al reintegro, debió ofrecerse la posibilidad de reubicación en las salidas activas, para lo cual han existido dificultades, o mantenerse la lista de espera para cubrir las ausencias de quienes decidieron no viajar.
En una crisis como la actual, permitir que un ómnibus salga casi vacío es difícil de justificar. Cada recurso debe emplearse con responsabilidad. El derroche y la falta de previsión no pueden formar parte de la respuesta. Aprovechar cada asiento disponible no es solo una cuestión administrativa, sino un compromiso y una muestra de respeto con la población. Rectificar a tiempo, actuar con empatía y organizar mejor los recursos es lo que el país necesita. Porque dejar partir un ómnibus casi vacío, mientras hay personas que necesitan trasladarse es, justamente, una de las cosas que no debemos ni podemos permitirnos.