Las autonomías rechazan las «lentejas» de Tolón
No es tanto el fondo como la forma lo que ha irritado a las comunidades autónomas en su primer encuentro, hoy, con Milagros Tolón, la nueva ministra de Educación, FP y Deportes, que ha tomado el relevo a Pilar Alegría. Había reunión en el Ministerio para presentar a las comunidades autónomas el anteproyecto de ley que reduce el número de alumnos por aula y fija un máximo de horas lectivas para el profesorado. Pero, tras más de tres horas de reunión, varios gobiernos autonómicos volvieron la cara a las «lentejas» que ofrecía la ministra. «Si quieres las comes y si no las dejas, pero desde luego las pagas», resumía de forma muy gráfica la situación la también recién nombrada consejera de Educación madrileña, Mercedes Zarzalejo, sobre el cumplimiento del anteproyecto de ley. La queja autonómica generalizada era que la normativa se hacía por imposición, con prisas y con falta de financiación, más allá de que todo el mundo esté de acuerdo con los beneficios para el alumnado de tener clases con un número más limitado de alumnos o de que se establezca un máximo de horas de clase para los docentes.
Ante la protesta generalizada en lo tocante a la parte económica, la ministra quiso tranquilizar el ambiente asegurando que este anteproyecto sí tendrá una memoria económica. Pero, lejos de conseguirlo, sembró más dudas después de que varios consejeros pidieran verla (especialmente el de Baleares) y no fuera facilitada. Y eso, según detallaron, dificulta ver el impacto real de la norma, teniendo en cuenta que será necesario contratar a más profesores y ampliar las infraestructuras educativas, una factura que tendrán que asumir las autonomías. «Tenemos muchas preguntas y muchos interrogantes», señaló tras la reunión. «El primero es que no hay memoria económica; el segundo, que no tiene en cuenta las infraestructuras educativas; y el tercero, que tampoco tiene en cuenta la realidad de las diferentes comunidades autónomas», dijo el consejero balear, Antoni Vera. Y es que Baleares tiene un crecimiento constante de población escolar que complica la reducción del número de alumnos sin nuevas infraestructuras.
La norma, aprobada en primera vuelta por el Consejo de Ministros a finales de 2025, plantea rebajar la ratio máxima a 22 alumnos en Primaria (frente a los 25 actuales) y a 25 en Secundaria (ahora 30), además de fijar un máximo de 23 horas lectivas en Primaria y 18 en Secundaria. En la misma línea que el consejero balear se expresó la consejera de Educación en funciones de Aragón, Tomasa Hernández, quien calificó de «inadmisible» que el Ministerio «rehúya una vez más el diálogo y legisle de espaldas a las autonomías».
En su opinión, el anteproyecto refleja «un profundo desconocimiento de la realidad de gestión» de las comunidades y establece un calendario de implantación difícil de aplicar. «Plantea empezar ya en septiembre, cuando el diseño del próximo curso y los procesos de escolarización están ya cerrados», advirtió. Precisamente el calendario de implantación fue otro de los asuntos más cuestionados. Las primeras medidas se aplicarían en el curso 2026-2027; sin embargo, las autonomías se quejaban de falta de tiempo, porque el proceso de matriculación comienza en muchas comunidades en abril. Con tan poco margen podrían surgir problemas en la planificación de plazas, plantillas docentes y espacios para los alumnos conforme a la nueva normativa.
"Imposición" y "falta de lealtad institucional"
La consejera andaluza de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Carmen Castillo, defendió que la reducción de ratios y la mejora de las condiciones del profesorado son medidas «positivas», pero reclamó retirar el anteproyecto para abrir un proceso de debate con las comunidades autónomas. A su juicio, el Gobierno central está impulsando la reforma educativa «de manera unidireccional», sin un diálogo real con las autonomías, que son quienes tienen las competencias de gestión del sistema educativo. Más aún, la consejería señaló que el anteproyecto «ahonda en una línea de imposición con una alarmante falta de lealtad institucional» y defendió que cualquier reforma educativa debe negociarse antes con las comunidades.
Tolón se mostró receptiva. «Estamos dispuestos a escuchar», dijo. Incluso anunció la creación de un grupo de trabajo con las comunidades para analizar el contenido del anteproyecto y estudiar posibles mejoras. Pero dejó claro que el anteproyecto seguirá su tramitación, lo que dejó la sensación en varias autonomías de que el plato ya está servido.