En solfa: concursos y códigos de malas prácticas
En estos días se ha convocado a concurso la plaza de director del CNDM y quizá se convoque la de director artístico del Palau de les Arts. El nombramiento de ambos cargos merece una reflexión, porque la gestión de la cultura en el ámbito de las administraciones públicas está siendo penalizada por los denominados “códigos de buenas prácticas”. El arte no se rige por las mismas reglas que una licitación de infraestructuras o el suministro de material de oficina. Resulta paradójico que, en un país con una tradición cultural tan rica, aunque a veces tan convulsa, se haya optado por un sistema de concursos públicos que, si bien nacieron con la loable intención de desterrar el dedazo arbitrario y la designación puramente política, han terminado por convertirse en una farsa procedimental.
Es innegable que la transparencia debe presidir cualquier actuación que comprometa fondos públicos y que la posibilidad de que profesionales cualificados presenten sus proyectos en igualdad de condiciones difícilmente se puede rebatir desde la teoría jurídico-política, pero cuando descendemos al foso de la realidad musical nos encontramos que estos concursos imponen una rigidez que choca con la naturaleza misma de la dirección artística. Un director de un festival o de un teatro nacional no es solo un gestor que debe cuadrar balances y cumplir con los requisitos de la función pública, sino alguien capaz de imprimir una personalidad propia a la institución.
La aplicación de estos códigos ha causado un montón de despropósitos, que los que estamos en los medios conocemos, y que han afectado a instituciones relevantes. Se utilizan con frecuencia para que los políticos de turno se laven las manos ante cualquier fracaso artístico alegando que el proceso fue legal, transparente y bendecido por una comisión independiente. Estas comisiones están integradas frecuentemente por personas con intereses oscuros o que esconden una total falta de criterio. Se valora más la capacidad de los candidatos para redactar un farragoso proyecto, lleno de lugares comunes, que su capacidad para atraer a los mejores intérpretes del mundo o su visión para renovar una situación cultural.
La obligatoriedad de estos procesos ha generado además una inseguridad jurídica y profesional. Cualquier nombramiento es susceptible de ser impugnado por un candidato descontento que, en ocasiones, conoce el trasfondo real de la resolución, pues es un secreto a voces que en muchos de estos concursos el ganador está decidido antes incluso de que se publiquen las bases. Esto repercute también en la decisión de muchos candidatos de renombre y capacidad a no presentarse a ellos. ¿Se imaginan a un Gerard Mortier participando?
En otros países se apuesta por la búsqueda activa de talentos y por contratos de confianza basados en resultados y proyectos artísticos sólidos, pero también hay casos de cambios normativos impulsados por gobiernos de turno para controlar nombramientos, como en Italia la reciente controversia sobre la edad de jubilación de los directores extranjeros o en Francia, donde la aplicación de criterios de paridad o de gestión territorial, por muy legítimos que sean en el plano social, han sido utilizados para vetar proyectos artísticos de una solidez incontestable.
No se trata de defender privilegios, sino de entender que la responsabilidad de dirigir el destino artístico de las instituciones culturales no puede quedar en manos de un tribunal de oposiciones, pues la historia de la música no la han escrito los que mejor sabían rellenar instancias, sino aquellos que tenían la visión necesaria para transformar las instituciones.
Dejémonos de concursos o códigos fraudulentos o, cuanto menos, innecesarios y asumamos responsabilidades. Tenemos convocados o pensando en convocarse los del CNDM y la dirección artística del Palau de les Arts, que tienen dos gestores que lo están haciendo estupendamente. Si se está satisfecho con una gestión y ha vencido su contrato, lo lógico es redactar uno nuevo sin que se tenga que presentarse a otro concurso cuando, además, ya se presentaron en su día para ocupar el cargo que ostentan. Y máxime si no está claro que existe realmente en vigor un código de buenas prácticas. Tomen nota, señores a quienes corresponda.