Del caso de Urresti a amenazas legales desde el Ejecutivo: informe del CPP advierte sobre retrocesos en libertad de prensa
El informe mensual sobre libertad de expresión del Consejo de la Prensa Peruana (CPP) alertó sobre una serie de momentos ocurridos en el mes de febrero que, según la organización, reflejan retrocesos en el ejercicio del periodismo en el país. Entre los hechos destacados figura la liberación del exministro Daniel Urresti, condenado en 2023 por el asesinato del periodista Hugo Bustíos, luego de que el Tribunal Constitucional anulara su sentencia.
De acuerdo con el reporte, la decisión del tribunal constituye un grave golpe para la justicia en casos de violencia contra periodistas. El documento sostiene que se trata del único caso reciente en el que se logró una condena contra una persona acusada de asesinar a un hombre de prensa, por lo que su anulación podría dejar un precedente preocupante frente a otros crímenes contra comunicadores que aún permanecen impunes.
El balance también registra otros hechos que, según el organismo, evidencian presiones contra el trabajo periodístico. Entre ellos se incluyen restricciones al acceso de la prensa a actos oficiales, citaciones fiscales a periodistas que investigaron casos de interés público y hostigamientos durante coberturas informativas.
¿Cuáles son los casos registrados en el informe?
Entre los episodios mencionados se encuentran la juramentación del gabinete del presidente interino José María Balcázar, ceremonia en la que se impidió el ingreso de periodistas acreditados a la actividad realizada en Palacio de Gobierno.
Asimismo, el documento también recoge el caso del periodista Marco Sifuentes del medio La Encerrona, quien denunció que la Municipalidad de Miraflores busca iniciar acciones legales contra su equipo luego de que el portal revelara la filtración de datos personales de miles de vecinos a través de la página web del municipio.
Asimismo, el reporte menciona la citación fiscal al productor periodístico Jonathan Castro, quien fue convocado como testigo por una investigación vinculada a la presunta falsificación de carnés de vacunación contra la COVID-19, caso que había sido revelado por su equipo periodístico años atrás.
Finalmente, el informe también registró hostigamientos a periodistas durante actividades de la comitiva del papa León XIV en Chiclayo, donde reporteros que cubrían el evento fueron retirados por personal de seguridad pese a encontrarse acreditados para realizar la cobertura.