El expresidente de la SEPI, Leire Diez y el socio de Cerdán compartían un chat en la aplicación ultrasegura Threema

El expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández, la «fontanera del PSOE» Leire Díez y el socio de Santos Cerdán en Servinabar Antxon Alonso –investigados en la Audiencia Nacional por una presunta trama de amaño de contratos públicos– compartían un chat en la aplicación de mensajería ultrasegura Threema, según ha puesto de relieve el análisis de los dispositivos incautados en la operación que llevó a la detención del hombre de confianza de la vicepresidenta del Gobierno María Jesús Montero y de Leire Díez el pasado diciembre.

Según ha podido saber LA RAZÓN, los tres investigados por pertenencia a organización criminal, prevaricación, malversación y tráfico de influencias por la supuesta adjudicación irregular de cinco contratos por valor de 132 millones de euros no solo compartían un grupo de WhatsApp para intercambiar mensajes, «Hirurok» («nosotros tres» en euskera), sino que también recurrieron a la aplicación de mensajería suiza, que presume de ofrecer la mayor seguridad a sus usuarios.

Aunque la investigación que dirige el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz continúa secreta, todo apunta a que esta medida –que recientemente se acaba de prorrogar un mes más– se levantará el próximo día 7 de abril.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que empezó hace unos días a examinar los dispositivos incautados a los investigados –alrededor de 15 junto a más de una docena de empresas–, deberá ahora extremar el celo en expurgar por orden judicial ese abundante contenido digital de datos privados de los imputados, tal y como ha adelantado «Eldiario.es». Algo habitual en este tipo de procedimientos en los que, como en este, los agentes se incautan de numerosos dispositivos en los que inevitablemente, incluyen archivos y mensajes de ámbito estrictamente personal.

El precedente de la familia Pujol

Así sucedió, sin ir más lejos, en la investigación a la familia Pujol Ferrusola por el origen de su fortuna familiar oculta en Andorra durante décadas. En este caso, el expurgo de los dispositivos de Jordi Pujol y sus hijos, ya en la recta final de la instrucción, se demoró durante más de dos años por los recurrentes quejas de su abogado ante las dificultades técnicas para poder acceder al sumario para identificar los archivos de carácter personal.

Según esos archivos se vayan identificando se irán incorporando a una pieza secreta, apuntan las fuentes consultadas, a las que las partes personadas en el procedimiento no tendrán acceso.

Así las cosas, fuentes de la investigación asumen que resultará imposible que cuando el secreto de las actuaciones se levante –que incluye no solo la querella de la Fiscalía Anticorrupción que activó la apertura de diligencias, sino también un voluminoso informe de la UCO de más de un centenar de páginas que precipitó la operación policial– la Guardia Civil haya hecho llegar ya al instructor su informe con el análisis del contenido de los dispositivos incautados. Y eso que, según constató la unidad policial, Vicente Fernández borró todos sus mensajes antes de ser detenido.

Forestalia, también en el foco

Entre las cinco operaciones investigadas –la mayoría vinculadas a la SEPI o al Grupo Sepides (Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial), salvo una de Mercasa y otra de Enusa– figura la que afecta a la financiación con 17,3 millones de euros de Arapellet S. L., propiedad al 100% de Forestalia, la empresa aragonesa de energías renovables que habría sido beneficiada por Eugenio Domínguez, el ex subdirector general de Evaluación Ambiental del Ministerio de Transición Ecológica que entonces dirigía Teresa Ribera.

En la adjudicación de este proyecto por parte de la Sepides –que consistía en la ampliación de las instalaciones de la empresa y la puesta en funcionamiento de una nueva planta– la presunta comisión pactada fue de 200.000 euros, según ha puesto de relieve la investigación de la UCO.

De hecho, la Guardia Civil apunta en su informe clave a tres sociedades con vinculación «directa» con Forestalia, lo que determina que entre las personas en el foco de la investigación figuren –apuntan las fuentes consultadas– tanto el dueño de la empresa de energías renovables, Fernando Samper, como los hermanos Eduardo y Roberto Pérez Águeda, imputados ambos en el «caso Forestalia» como presuntos ejecutores de los pagos por los amaños.

El levantamiento del secreto de la investigación, previsiblemente el próximo día 7 abril –coincidiendo, caprichos procesales, con el comienzo del juicio a José Luis Ábalos en el Tribunal Supremo–, precipitará que los investigados que no han comparecido aún en la Audiencia Nacional –todos salvo el expresidente de la SEPI, Leire Díez y el empresario Antxon Alonso– sean citados a declarar ante el juez instructor. Unas comparecencias que, a expensas del apretado calendario del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, se llevarían a cabo a lo largo de los meses de mayo y junio.