Hacienda no rebaja la presión fiscal a las empresas pese a que recaudaría más
Desde la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a La Moncloa, «la política tributaria seguida por el Ejecutivo de coalición ha seguido una senda claramente expansiva, con 97 medidas de incremento recaudatorio que han elevado los impuestos y las cotizaciones a niveles récord, especialmente sobre las empresas que cada vez sufren una mayor presión fiscal». Así lo constata el Instituto Juan de Mariana en su último «Impuestómetro», en el que confirma –con datos del año 2024– que Hacienda obtuvo una recaudación histórica de 294.734 millones, creciendo 8,4%, muy por encima del PIB de ese año, que se quedó en el 3,5%, y con un peso cada vez mayor de empresas y trabajadores en sus aportaciones.
Así, la recaudación por el Impuesto de Sociedades se ha disparado un 57% bajo el Gobierno de coalición, con una «expansión notable» del crecimiento de los ingresos, de los 24.838 millones en 2018 a los 39.096 de 2024, un 57% más. Unas cifras que tienen que ver con que España mantiene uno de los tipos nominales más altos de la UE, del 25%, frente a una media comunitaria del 21%. «El incremento recaudatorio se explica en gran parte por la mayor presión fiscal sobre las empresas, no por una ampliación orgánica de la actividad empresarial, que de hecho presentaba en 2024 unos márgenes similares a los alcanzados en 2019», apunta el informe.
Los incrementos recaudatorios pueden analizarse de dos maneras: por un lado, pueden ser el resultado de una mejora de la actividad económica que traiga consigo una mayor recaudación y, por otro, pueden ser el reflejo de modificaciones legislativas que modifiquen las bases imponibles, alteren las reglas de pago o eleven los tipos aplicables. Según explican desde el Instituto, en el primer caso, «la recaudación sube como resultado del crecimiento, como una derrama que eleva los caudales públicos a raíz de una economía en vías de expansión; en el segundo, es producto de una política fiscal que busca activamente extraer aún más recursos de los agentes económicos de los que se podrían lograr permitiendo simplemente que la producción vaya a más», por lo que las 97 medidas tributarias aplicadas por el Gobierno «confirman que la segunda opción es la tomada».
El análisis basado en la Curva de Laffer muestra que el punto de equilibrio recaudatorio para Sociedades alcanza el 21,6%, por debajo del 25% que se adopta de forma general en España. «Esto quiere decir que una reducción de 3,4 puntos permitiría mantener, e incluso mejorar, la recaudación, al ampliar las bases imponibles. De esta forma, un escenario con menos impuestos acabaría trayendo un nivel similar o superior de ingresos fiscales, a través de un aumento de la actividad privada». Así pues, con un tipo de referencia un 14% menor, «los ingresos se mantendrían esencialmente en los mismos niveles o incluso estarían por encima».
En el caso de España, la fiscalidad empresarial se sitúa en el tramo alto de la UE. De entre los pocos países que presentan un impuesto de Sociedades más alto, tres de ellos (Alemania, Italia y Países Bajos) han anunciado que pondrán en marcha rebajas relevantes durante los próximos años, mientras que en España el Gobierno mantiene su velocidad de crucero tributaria, aduciendo que todavía hay margen de una subida por no haber alcanzado el máximo nivel de la UE. Ello nos ha llevado a que, en materia de competitividad fiscal, el ranking para los países de la OCDE muestra que los impuestos aplicados a las empresas se sitúan en el puesto 29 de 38. «España aplica un tipo de referencia en Sociedades que supera holgadamente los umbrales de equilibrio sugeridos por la Curva de Laffer –que ilustra la relación entre las tasas impositivas y la recaudación fiscal total, y que demuestra que subir los tipos no incrementa la recaudación en la misma proporción–.
Esta evidencia muestra que en torno al 50% del Impuesto de Sociedades se traslada a los trabajadores, en forma de ingresos más bajos. «El efecto que tiene este gravamen sobre los salarios asciende a 942 euros anuales de menor remuneración por cada trabajador ocupado». Por tanto, desde el Instituto Juan de Mariana reclama al Gobierno que «debe bajar impuestos, porque una reducción en Sociedades hacia el entorno del 2% ni siquiera amenazaría los ingresos públicos, pero además ayudaría a elevar la inversión y la productividad, mejorando la posición competitiva de España e incrementando los incentivos para hacer negocios en nuestro país».
El estudio subraya que parte de la carga fiscal se traslada también a los consumidores «a través de precios más altos», y a los accionistas mediante un menor ritmo de crecimiento de los dividendos en el largo plazo».