La CNMC recomienda elevar a los 18 años la edad mínima para publicar imágenes personales en redes sociales
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha propuesto este viernes fijar en los 18 años la edad de consentimiento mínima para publicar imágenes personales en redes sociales y reconsiderar la actual presunción de madurez a los 16 años para valorar extenderla hasta los 18 años en el contexto digital, similar al que existe en el ámbito audiovisual.
Estas son algunas de las recomendaciones que realiza ante la nueva ley de protección del derecho al honor, que introduce medidas para salvaguardar el derecho al honor, la intimidad y la propia imagen en el ámbito digital.
La reforma busca adaptar la norma al mundo digital, donde las plataformas, la IA o la viralización de los contenidos multiplican las intromisiones. Según la CNMC, el texto remitido por el Ministerio para la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes se centra en cuestiones como la regulación de contenidos creados o manipulados tecnológicamente (las llamadas "ultrafalsificaciones" o 'deepfakes').
Además, también incide en la clarificación del régimen del consentimiento, que incluye una presunción de madurez para los menores a partir de los 16 años; la actualización de las excepciones relacionadas con la libertad de información y la creación artística; y la incorporación de criterios más detallados para determinar la indemnización por daño moral y hacer más efectivas las reparaciones.
A juicio de la CNMC, la actualización es "positiva" ya que "protege los derechos fundamentales y los adapta a la nueva realidad digital" y además lo hace sin introducir "restricciones al acceso o ejercicio de actividades económicas". "Puede reforzar la confianza y la transparencia en el entorno digital", destaca.
En cualquier caso, lanza una serie de recomendaciones para reforzar la seguridad jurídica, la protección de los menores y la coherencia regulatoria. Entre otras, aboga por ajustar la redacción de la definición de "ultrafalsificaciones" o 'deepfakes' para alinearla con la definición del Reglamento europeo de Inteligencia Artificial (IA) y así reducir la indeterminación jurídica.
También incide en la importancia de ampliar algunas excepciones legales para incluir actuaciones ya realizadas por autoridades de competencia en procedimientos sancionadores, entre otras cuestiones.