La reacción de Koldo a que Ineco y Tragsatec puedan actuar como perjudicadas: "Deberían estar sentadas en al banquillo"
Koldo García no quiere que Ineco y Tragsatec -las empresas en las que fue enchufada la expareja de José Luis Ábalos Jesica Rodríguez- terminen ejerciendo de perjudicadas por la posible malversación de caudales públicos a consecuencia de esa contratación supuestamente a dedo. Su defensa ha recurrido la decisión del tribunal del "caso mascarillas" de realizar el ofrecimiento de acciones a ambas empresas para que, si así lo consideran, intenten resarcirse de esa merma al erario público.
Pero para la abogada del exasesor de Ábalos, Leticia de la Hoz, resulta "jurídicamente contradictorio ofrecer" a sociedades que "por mandato legal deberían estar "sentadas en el banquillo" debido a su responsabilidad penal por los hechos cometidos en su nombre o por su cuenta, y en su provecho directo o indirecto".
Jesica Rodríguez estuvo contratada en las dos empresas entre marzo de 2019 y septiembre de 2021, aunque no desempeñó trabajo alguno, tal y como ella misma admitió en su declaración. Según dijo, en 2019, su entonces pareja, José Luis Ábalos, le propuso trabajar mientras estudiaba y tras entregar su currículum, le llamaron de Ineco, donde se le asignó una vacante de auxiliar administrativo.
"Selección estratégica de imputados"
Para oponerse a la posibilidad de que Ineco y Tragsatec -donde fue contratada año y medio después entre más de 900 candidatos al obtener la segunda mayor puntuación- ejerzan como perjudicadas, la letrada ha interpuesto un recurso de súplica contra la decisión del tribunal del "caso mascarillas" de ofrecerles esa vía procesal. "De nuevo, estamos ante una selección estratégica de imputados, pero esta vez, convirtiéndoles en acusadores y rehuyendo su verdadera condición", se queja.
Y achaca expresamente al instructor, el magistrado Leopoldo Puente, que dejase "fuera" del círculo de investigados "a actores fundamentales o beneficiarios de las actividades ilícitas", como la propia Jesica Rodríguez, la ex miss Asturias Claudia Montes o sociedades como Ineco y Tragsatec. No en balde, sostiene que la posición procesal de ambas sociedades "debe ser la de investigadas/encausadas y no la de perjudicadas, ya que no cabe la condición de víctima en quien ha permitido, supuestamente, por defecto de organización, la distracción de caudales de bienes de la propia empresa o la influencia ilícita".
"No se les puede ofrecer acciones en estos momentos a estas dos sociedades, a fin de que ejerzan en su caso una acusación adhesiva a la del Ministerio Fiscal", insiste De la Hoz, "en cuanto que no es descartable que en el futuro y mientras no se agote el plazo de prescripción, pudiera dirigirse procedimiento frente a estas sociedades como responsables penales". Y en ese caso, recuerda, "sería incompatible la posición de acusado y perjudicado". "Quien es acusado no puede pretender la condena de otros acusados", hace hincapié recurriendo a la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
No hubo "vigilancia y control"
Respecto al delito de Malversación, incide en que el artículo 435.5 del Código Penal "establece expresamente la responsabilidad penal de las personas jurídicas", algo similar a lo que sucede con el tráfico de influencias.
"Los hechos objeto de enjuiciamiento presuponen que alguien en el seno de estas sociedades, en connivencia con los acusados, ha cometido el presunto delito", destaca. Y a este respecto llama la atención sobre el hecho de que la comisión de estos delitos en el ámbito de Ineco y Tragsatec "solo habría sido posible por una omisión grave de los deberes de supervisión, vigilancia y control, o por la inexistencia de mecanismos regulatorios eficaces".
En consecuencia, defiende que ofrecer la acción penal a "entidades de las que puede presumirse una responsabilidad criminal" en estas circunstancias "resulta improcedente según la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo".
"Relación particular" con Ábalos
La contratación de Rodríguez en Tragsatec se cimentó en buena medida en su previo paso por Ineco, pues los aspirantes debían acreditar "al menos un año de experiencia en tramitación de expedientes o tareas de administración en empresas públicas" y "al menos un año de experiencia previa como administrativa en sector ferroviario", por lo que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cree que ese puesto se diseñó a su medida.
Según la Guardia Civil, Ábalos y Jesica mantuvieron "una relación particular" que se plasmó en "la estancia de ambos en hospedajes nacionales y la participación de Jesica en varios viajes internacionales de Ábalos" entre 2019 y 2020, cuando era ministro.
Además, la joven vivió dos años y medio en un apartamento en la Plaza de España de Madrid costeado por el empresario Víctor de Aldama -que también se sienta en el banquillo en el "caso mascarillas"- a razón de 2.700 euros al mes, a través de su socio Luis Alberto Escolano, como una supuesta contraprestación a Ábalos.