Armengol sigue la estela de Torres y también pide declarar por escrito en el juicio a Ábalos

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, tampoco quiere testificar presencialmente en el Tribunal Supremo (TS) en el juicio a José Luis Ábalos por el "caso mascarillas". Al igual que ya ha hecho el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, la presidenta de la Cámara Baja ha solicitado al alto tribunal que le exima de esa comparecencia -prevista para el próximo 22 de abril- por razón de su cargo y le permita declarar por escrito.

En un escrito remitido a la presidenta del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, Armengol esgrime los artículos 703 y 412.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) para acogerse a la posibilidad de testificar "a través del procedimiento escrito" mediante la remisión "del oportuno pliego de preguntas, que será contestado por escrito y remitido" al alto tribunal "en la forma legalmente prevista".

Tanto Armengol como Torres están citados a declarar como testigos en relación a los contratos adjudicados por los gobiernos balear y canario que en 2020 presidían, respectivamente, para la adquisición de mascarillas al comienzo de la pandemia en favor de Soluciones de Gestión, la empresa de la "trama Koldo".

Las contrataciones a la empresa de la "trama"

Las primeras contrataciones con la empresa aragonesa para el suministro del citado material sanitario se realizaron a través del Ministerio de Transportes que entonces dirigía Ábalos, que le adjudicó contratos para la compra de trece millones de unidades a través de Puertos del Estado primero y Adif por casi 33 millones de euros. En total, Soluciones de Gestión percibió 53 millones de euros gracias a esos contratos y a los adjudicados por Interior, Sanidad y los gobiernos socialistas de Baleares y Canarias.

El 21 de marzo de 2020, Puertos del Estado adjudicó a Soluciones de Gestión el contrato para la compra de ocho millones de mascarillas por 20 millones de euros. Y una semana después, el 27 de marzo, Adif desembolsó doce millones y medio de euros para la adquisición de cinco millones de unidades.

Tras el Ministerio del Interior -el siguiente en contratar a la empresa de la "trama Koldo" en abril de ese mismo año-, el Servicio de Salud del Gobierno canario le adjudicó cuatro contratos por 12,3 millones de euros– y el Gobierno balear, que le pagó 3,7 millones en mayo, también recurrieron a esta sociedad que no contaba apenas con trabajadores y carecía de experiencia en el sector sanitario.

Por último, la Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), dependiente del Ministerio de Sanidad, adjudicó el 22 de diciembre de 2020 a una UTE (unión temporal de empresas) de Ferrovial y Soluciones de Gestión dos lotes de mascarillas.

El juicio, a partir del 7 de abril

Ábalos, Koldo García y el empresario Víctor de Aldama se sientan en el banquillo a partir del 7 de abril precisamente por el supuesto amaño, "con la intermediación y en connivencia" con Aldama, de esos contratos a cambio comisiones entregadas por el empresario, quien según la Fiscalía Anticorrupción "a su vez se beneficiaba también en términos económicos de las comisiones que le reportaba la realización del mencionado ilícito negocio".

Ábalos habría sido recompensado también -mantiene la Fiscalía en su escrito de acusación- con el pago de los alquileres de la vivienda de su entonces pareja sentimental, Jésica Rodríguez, en un céntrico ático en la Plaza de España de Madrid (que costeó Aldama a través de uno de sus socios), del alquiler con derecho a compra de un chalet en la urbanización "La Alcaidesa" en La Línea de la Concepción (Cádiz), y de un contrato de alquiler, también con opción de compra, de un piso en el Paseo de la Castellana por un precio de venta, 750.000 euros, "muy inferior al de mercado".

El objeto del proceso también incluye la contratación de Jésica Rodríguez en dos empresas públicas, Ineco y Tragsatec, y de la ex miss Asturias Claudia Montes, así como las gestiones de Aldama en favor del rescate de Air Europa y en los ministerios de Industria de Reyes Maroto -para la obtención de una licencia de hidrocarburos para Villafuel- y Economía a través del jefe de gabinete de María Jesús Montero para frenar una reclamación tributaria.