Federalismo y revocación de mandato
En política, las derrotas legislativas rara vez significan retiradas. Con frecuencia son apenas una pausa para reorganizar el contraataque. Eso es exactamente lo que ocurre hoy en el Congreso con el llamado ‘Plan B’ de la reforma electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum: una ruta alterna que, lejos de corregir los excesos de la propuesta original, los recicla y les pone otro antifaz.
Tras no alcanzar la mayoría calificada, el oficialismo optó por rediseñar su estrategia. El nuevo paquete privilegia cambios legales que requieren reformas constitucionales, por las medidas que buscan reducir estructuras locales legislativas, imponer límites presupuestales a congresos estatales y rediseñar la representación política en las entidades.
El problema de fondo no es administrativo ni presupuestal. Es político y constitucional. El Plan B abre la puerta a una intromisión federal en la vida interna de los estados que pone en riesgo uno de los pilares del sistema mexicano: el federalismo.
Bajo el argumento de austeridad, se pretende incidir en la integración de los congresos locales, en la organización municipal y en la distribución del poder político en las entidades federativas.
Dicho de otra manera: el centro vuelve a mirar hacia los estados no como entidades soberanas, sino como extensiones administrativas sujetas a rediseño.
Esta lógica no es nueva. Tiene antecedentes claros en el intento de recentralización política que caracterizó buena parte del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, particularmente en su fallido ‘Plan B’ electoral, que fue invalidado por la Suprema Corte. Hoy, la historia parece repetirse, aunque con un nuevo envoltorio.
Otro tema espinoso del Plan B es la revocación de mandato; se buscaría llevarla a cabo junto con la elección intermedia del 2027.
La propuesta de adelantar este mecanismo de consulta popular para que coincida con los comicios del próximo año no es menor. Significa fusionar un instrumento de evaluación ciudadana con una contienda electoral en la que estarán en juego cargos legislativos, gubernaturas y ayuntamientos.
El resultado previsible es un proceso profundamente desequilibrado. La revocación dejaría de ser un ejercicio excepcional de control democrático para convertirse en una herramienta de movilización político-electoral al servicio del oficialismo. La figura del Ejecutivo en turno dominaría la agenda, la narrativa y, por supuesto, la movilización territorial.
No es casualidad que este instrumento tenga antecedentes en América Latina asociados a procesos de concentración de poder. La revocación de mandato fue incorporada como herramienta política en el modelo impulsado por Hugo Chávez, donde terminó funcionando más como mecanismo de ratificación que de remoción.
En México, su primera aplicación durante el gobierno de López Obrador evidenció sus límites: baja participación y cuestionamientos sobre su utilidad real como mecanismo democrático. Lejos de fortalecer la rendición de cuentas, se convirtió en una consulta costosa con resultados previsibles.
Hoy, el intento de empatarla con elecciones constitucionales no solo desvirtúa su naturaleza, sino que inclina la balanza de manera clara. El oficialismo competiría con una ventaja estructural: la exposición permanente del Ejecutivo, la movilización de su base política y la narrativa plebiscitaria de “continuidad o retroceso”.
En términos simples: no habría piso parejo.
A ello se suma otro dato revelador del momento político que vive la coalición gobernante. El llamado Plan B no es únicamente el resultado de una estrategia, sino también de una negociación forzada.
Los partidos aliados —el PT y el PVEM— lograron frenar algunos de los cambios más profundos planteados originalmente, particularmente aquellos relacionados con la eliminación de legisladores plurinominales y la reducción del financiamiento público.
El mensaje es claro: la presidenta no gobierna en solitario. Depende de una coalición que tiene capacidad de veto y que, llegado el momento, puede doblar al Ejecutivo para preservar sus propios intereses.
Así, mientras el discurso oficial habla de austeridad y transformación, en los hechos se mantienen intactos los mecanismos que garantizan la supervivencia política de los partidos satélite.
La contradicción es evidente.
El oficialismo, ya con todos sus engranes —PT y PVEM—, se alista a aprobar el Plan B, ya que con sus aliados alcanza la mayoría calificada para aprobar reformas constitucionales.
La oposición, por su parte, se enfrenta al reto de articular una defensa no solo institucional, sino narrativa: explicar por qué esta reforma no es un ajuste técnico, sino un rediseño político que afecta el equilibrio federal y la competencia democrática.
Porque ese es el punto central: el Plan B no trata únicamente de reducir costos o simplificar estructuras. Trata de redefinir quién tiene el control del sistema político.
Y en ese rediseño, los estados pierden autonomía, la competencia se vuelve desigual y los contrapesos se debilitan.
México ya ha transitado antes por rutas de concentración del poder. La historia muestra que desmontar equilibrios es mucho más fácil que reconstruirlos.
La pregunta que queda en el aire es si estamos ante una reforma electoral… o ante el inicio de una nueva etapa de centralismo político disfrazado de austeridad.