El Gobierno descarta incluir medidas sobre vivienda y centrará las ayudas en transporte, campo, pesca e industria electrointensiva
El Gobierno se debate entre contentar a sus habituales socios de Gobierno o lograr el mayor consenso posible para aprobar el nuevo plan anticrisis para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra en Irán. Mientras Sumar, Podemos, Bildu o ERC exigen que se incluya la prórroga de contratos de alquiler y la prohibición de desahucios a personas vulnerables en el decreto ley que aprobará el viernes el Consejo de Ministros, PP, VOX, Junts y el PNV ya han advertido de que si se incluyen estas medidas votarán en contra.
La postura de ambos bloques ha forzado a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a afirmar que el decreto solo incluirá "medidas que cuenten con consenso", lo que abre la puerta a dejar fuera las iniciativas rechazadas por la oposición. Por ello va a intentar incorporar "el sentir de todas las conversaciones que hemos mantenido con los grupos parlamentarios. No vamos a tener un decreto ley para que otros grupos lo rechacen. Se va a intentar que no haya ninguna cuestión que sea un problema, un obstáculo para que alguno de los que habitualmente apoyan las medidas del Gobierno la pueden apoyar".
Fuentes gubernamentales consultadas por LA RAZÓN han confirmado que el Gobierno descarta "en este momento" incluir medidas sobre vivienda y centrará el paquete de ayudas en rebajas fiscales en los sectores del transporte, logística, sector terciario (agricultura, ganadería y pesca) y las industrias electrointensivas, descartando cualquier "generalización de ayudas directas", además de que las medidas se centrarán en su práctica totalidad en los profesionales, por lo que los hogares solo podrían beneficiarse de recortes en la factura de la luz si se rebaja el impuesto de generación, como parece.
Las mismas fuentes aseguran que el "paquete será amplio" y que irás destinado "tanto a proteger a las familias como a las empresas en el corto plazo". Sin embargo, en el caso de los hogares, el propio ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ya descartó la bonificación al precio de los combustibles, como se hizo cuando la guerra de Ucrania, de 20 céntimos por litro, o la rebaja del IVA de los alimentos. "Ahora mismo no está considerado como prioridad, pero aún hay tiempo hasta el viernes para considerarlo, todo debe adaptarse al impacto observado en estos momentos".
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "no se le ocurra" mezclar las medidas antiinflacionarias frente a los efectos derivados de la guerra de Irán en un nuevo decreto ómnibus como hizo con las pensiones, y dejó en el aire el sentido del voto del principal partido de la oposición hasta conocer el contenido del paquete que el Consejo de Ministros aprobará este viernes. "Se lo advierto. Por una vez, haga lo correcto y copie las medidas que hace dos semanas ha presentado el Partido Popular: baje el IRPF, el IVA de la energía, los impuestos a los carburantes, el gasóleo profesional y deje de exprimir a los españoles". El PP remitió la semana pasada sus propuestas al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.
En el mismo sentido, Junts ha advertido al Gobierno de que "les saldrá mal" si intentan "blanquear la okupación" en el paquete de medidas que se aprobará el viernes, Montero ha puntualizado que está "discutiendo con todas las fuerzas políticas". El PNV ha advertido de que las exigencias de los socios de izquierda de incluir la prórroga de contratos de alquiler y la prohibición de desahucios en el decreto "es jugar a la ruleta rusa".
Sin embargo, desde el lado de los socios parlamentarios habituales Podemos, también han elevado sus exigencias al Gobierno para que incluya la prórroga de contratos de alquiler que vencen en 2026 y 2027 y la prohibición de desahucios a personas vulnerables. Sus portavoces en el Congreso han emplazado al Ejecutivo a adoptar estas y otras medidas en el decreto, tales como recuperar el impuesto a las empresas energéticas, topar los precios de la electricidad y el gas, prohibir el corte de suministros a personas vulnerables y recuperar el bono social térmico. Pero al ser preguntados cuál será la posición si no se incluyen dichas medidas, ninguno se ha mostrado categórico y se han limitado a asegurar que todo se está negociando.