El PP corrige la regulación masiva de Sánchez y exige un historial sin antecedentes penales

Ante la regulación masiva de Sanchez. El Senado, en que el PP tiene mayoría, ha aprobado tres modificaciones de la Ley de Extranjería para garantizar que los inmigrantes ilegales "colados" por el Gobierno no obtengan el permiso de residencia ni la nacionalidad de manera automática.

En este sentido se reclamará el historial delictivo de los beneficiados que deberá ser impecable. Entre los cambios introducidos en el texto, figura una enmienda que exige un informe policial completo para la tramitación de autorizaciones.

Las propuestas han sido inyectadas junto con la Ley de Multirreincidencia presentada por Junts que ha obtenido la luz verde y que penalizará con hasta tres años de cárcel el robo de móviles y quiere tipificar como delito la venta de bidones de combustible a las narcolanchas en alta mar. El senador, Eduard Pujol, ha celebrado la aprobación de esta ley porque la multirreincidencia es una "auténtica pesadilla" que en muchos casos "ha roto la convivencia" en barrios, calles, plazas y pueblos.

Para el senador popular, Juan Bautista, es inviable combatir eficazmente la multirreincidencia si se permite que personas con antecedentes penales accedan a España sin un control riguroso. "Exigir solo una declaración responsable es convertir a España en el mayor coladero de delincuentes de toda Europa. Es hacerle el juego sucio a las mafias", ha asegurado en unas declaraciones recogidas por EFE. Ahora la norma deberá pasar por el Congreso de los Diputados.

La trampa del PSOE en el borrador

Sin cambiar su percepción y mostrando su rechazo desde las filas socialistas se ha acusado al PP de "comprar la agenda ultra" de Vox. La amenaza del PSOE se ha producido con la necesidad de regresar al Congreso de los Diputados para "ser corregido". Bien es cierto que con los apoyos de Vox el jaque mate sería inapelable. PP, Junts y Vox sumarían. Todo dependerá, sin contar con la posición de ERC que ha optado por la abstención, de la formación de Santiago Abascal.

Jugando con el lenguaje legislativo y los plazos el PSOE apostó por presentar un borrador en el que una simple declaración responsable sobre los antecedentes penales sería suficiente. El manuscrito del Ejecutivo al que tuvo acceso LA RAZÓN, el documento responsable valdría si no se producía respuesta en un mes a la Administración Pública del país originario, o en su defecto el último de residencia. En base al proyecto presentado se entenderá, que "el interesado carece de antecedentes penales en los citados países" para acogerse a la disposición transitoria.

"Si el interesado acreditara haber solicitado el certificado de antecedentes penales de las autoridades del país de origen o de aquel donde hubiera residido durante los últimos cinco años, y hubiera transcurrido un mes sin haberlo recibido, el Gobierno podrá recabar la información necesaria", asegura. Si no se produjera respuesta en esta segunda tentativa la declaración responsable sería suficiente.

A ese aspecto se suman las posibles falsificaciones de los archivos en los países en los que la "inestabilidad política" dificulte las labores de investigación. Sierra Leona, Níger, Mali o Somalia son algunos de los ejemplos. También se exponía que delitos que estuvieran recogidos en el Código Penal también serían exonerados.