Zanjas en nuestras fronteras: ¿medidas millonarias y efectistas?
Hace pocos días el actual gobierno anunció un “Plan de escudo fronterizo” que considera la construcción de muros/vallas con sensores de movimiento, y construcción de zanja de tres metros de profundidad en el norte de Chile. Según lo planteado se pretende construir una zanja inicial de 30 kilómetros, lo que, considerando el tipo de suelo y las condiciones de la zona norte del país, tendría un costo que podría ser millonario sólo en la construcción.
Luego este gasto se multiplicaría, ya que se debe pensar en la alta erosión eólica de la zona. Así el principal problema en el desierto se convertiría en el relleno por viento, lo que en pocos meses podría taparla. Por tanto, implicaría una mantención permanente y periódica con maquinaria pesada, reparaciones y re-excavaciones, además de refuerzos estructurales.
Esto sin considerar la vigilancia, la construcción de caminos, drenajes, traslados de equipos, mantenimiento de muros y otra infraestructura necesaria. A ello se suma el monitoreo constante, el uso de cámaras, radares, drones, sensores y personal permanente (militares, policías, personal administrativo y operadores de mantención). Por tanto, no sólo sería una inversión millonaria en su inicial construcción, sino millonaria, en su sostenimiento en el tiempo.
De esta manera, la mantención a largo plazo terminaría costando más que la obra inicial. ¿Es el Estado el agente implementador de toda esta nueva industria? ¿Se externalizaría a privados convirtiendo en un negocio, una temática de seguridad del país, como ya sucede en otros países? El siguiente paso, lamentablemente como sucedió en otras latitudes con más historia de migración, podría ser la construcción de centros de internamientos “supuestamente” temporales -que luego se vuelven permanentes- que terminan convirtiéndose en un engranaje más de una poderosa industria. Pero ¿qué tan efectiva son estas medidas?
Lo más paradójico es que la experiencia internacional muestra que este tipo de acciones tienden a desplazar y hacer más riesgosa la migración y no precisamente logra completamente su objetivo: frenarla. No se elimina, empeora.
Según Elisabeth Vallet del Centro de Estudios Geopolíticos de la Universidad de Quebec, existen más de 70 barreras fronterizas en el mundo, y van en aumento, sin mostrar un efecto positivo del todo. El sociólogo Douglas Massey respecto de la frontera en Estados Unidos con México, ha señalado que el endurecimiento fronterizo no redujo la migración, sino que la reconfiguró, llevándola a otras zonas, menos seguras, y elevando sus costos. Es decir que las personas siguen migrando, usando otras vías, y, posibilitando una intensificación de las redes de tráfico.
En el libro “Violent Borders”, Reece Jonnes detalla los miles de millones de dólares que se invierten en estos proyectos de seguridad fronteriza con nefastas y crudas consecuencias para muchas personas que no tienen otra opción que la movilidad. Ocurre en fronteras como Estados Unidos, España, Hungría, entre otras naciones. Algunos/as expertos/as le llaman el efecto “globo”: si bloqueas un punto, la presión se mueve a otro. Y todo ello, sin considerar los impactos medioambientales y en la biodiversidad de los territorios, que tienen estas medidas que también han sido ampliamente documentadas.
Como sea esta primera acción de gobierno -con estructura táctica, tecnología y personal permanente- puede ser una decisión puntual y comunicacional para responder a las promesas de campaña enarboladas el año pasado. Pero también puede llevarnos, a la larga, a la generación de un “border industrial complex”, es decir a la generación de cadenas económicas, tecnológicas y políticas estables en el tiempo (tal como en Estados Unidos que ha implicado la participación de grandes empresas y una millonaria inversión), pero con un impacto humano innegable.