Elecciones 2026: cinco candidatos, promesas ambiciosas y planes con serios vacíos de ejecución

Wolfgang Grozo Costa

Wolfgang Grozo Costa es mayor general en retiro de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), con una trayectoria vinculada a la inteligencia militar y la seguridad nacional. Es licenciado en Ciencias de la Administración Aeroespacial y cuenta con estudios de posgrado en desarrollo y defensa nacional en el Centro de Altos Estudios Nacionales. Durante su carrera ocupó cargos estratégicos como director de Inteligencia de la FAP y también se desempeñó como docente en instituciones académicas.

Su incursión política se da con un discurso centrado en el restablecimiento del orden y el fortalecimiento del Estado frente a la criminalidad. En su plan de gobierno, la seguridad ciudadana es el eje principal: propone reforzar el sistema de inteligencia, modernizar a la Policía y construir cárceles de máxima seguridad. Además, plantea el uso intensivo de tecnología para combatir el delito y una política más severa frente a la corrupción.

No obstante, varias de sus propuestas abren debate por su impacto institucional. La participación de las Fuerzas Armadas en tareas de control interno y el énfasis en medidas punitivas reflejan una estrategia de mano dura que, si bien responde a la demanda ciudadana por seguridad, genera cuestionamientos sobre su compatibilidad con el respeto a derechos fundamentales. Asimismo, su plan carece de desarrollo en áreas sociales.

Su principal fortaleza es el conocimiento del aparato de seguridad del Estado. Su experiencia en inteligencia le permite plantear un diagnóstico claro sobre el crimen organizado y proponer medidas orientadas a mejorar la capacidad operativa del Estado.

Las propuestas de modernización institucional y uso de tecnología son pertinentes, pero carecen de detalles sobre financiamiento, ejecución y coordinación entre entidades, lo que limita su viabilidad.

El enfoque punitivo y la posible militarización de la seguridad generan alertas sobre excesos en el uso de la fuerza y riesgos para el equilibrio democrático.

Antonio Ortiz Villano

Antonio Ortiz Villano es un empresario con experiencia en el sector privado, especialmente en gestión de empresas vinculadas a servicios e industria. Cuenta con formación en habilidades gerenciales y estudios complementarios en gobernabilidad y comunicación política. Su perfil está marcado por su paso por la actividad empresarial más que por la gestión pública.

Su propuesta de gobierno se centra en el crecimiento económico como motor principal de desarrollo. Plantea simplificar la burocracia, incentivar la inversión privada y fortalecer a las micro y pequeñas empresas. Asimismo, propone la industrialización de recursos y la generación de empleo formal como ejes para dinamizar la economía nacional.

Sin embargo, su plan presenta limitaciones importantes en el desarrollo de políticas sociales. Sectores como salud y educación aparecen de forma general, sin estrategias claras ni metas concretas. Además, la lucha contra la corrupción no ocupa un lugar central ni cuenta con medidas específicas, lo que debilita su propuesta en un contexto de desconfianza institucional.

En ese contexto, su candidatura se posiciona como una alternativa enfocada en el manejo económico del país, aunque con menor énfasis en la reforma institucional y el fortalecimiento del Estado. Esta combinación puede atraer a sectores empresariales, pero deja interrogantes sobre su capacidad para responder a demandas sociales más urgentes del país actual.

Tiene coherencia en su enfoque económico y plantea medidas orientadas a dinamizar la inversión y el empleo, lo que responde a una necesidad clave del país.

Las propuestas de formalización y apoyo a empresas son adecuadas, pero siguen una línea tradicional y no incorporan innovaciones significativas.

La ausencia de políticas sociales desarrolladas y la falta de una estrategia clara contra la corrupción limitan el alcance de su plan.

Rosario del Pilar Fernández Bazán

Rosario del Pilar Fernández Bazán es docente de profesión, con formación en Educación y especialización en educación inicial. Desarrolló su carrera en el sector privado, principalmente en instituciones educativas en Trujillo, donde trabajó durante más de dos décadas. Su trayectoria está vinculada a la enseñanza más que a la gestión pública, y su ingreso a la política se da como fundadora del partido Un Camino Diferente, con el que busca posicionar una propuesta de cambio estructural del Estado.

Su plan de gobierno plantea una reorganización profunda del aparato estatal, con énfasis en la descentralización del poder político. Entre sus propuestas más llamativas figura trasladar el Congreso a Puno y la sede de la Presidencia a Trujillo, así como distribuir ministerios en distintas regiones del país. En materia de seguridad, propone fusionar los ministerios del Interior y Defensa en un “Ministerio de Guerra”, acompañado de la creación de unidades de inteligencia y el uso intensivo de fuerzas del orden.

El documento también incluye medidas en salud, como chequeos médicos obligatorios y un sistema preventivo con atención permanente, además de propuestas en educación como el bachillerato automático y la ampliación de vacantes universitarias. En infraestructura, plantea proyectos de gran escala como trenes de alta velocidad y obras hidráulicas.

Sin embargo, el plan presenta serios problemas de coherencia y viabilidad. Varias propuestas implican reformas constitucionales o cambios estructurales que no están desarrollados en términos legales o presupuestales. Además, el documento mezcla ideas técnicas con apartados poco claros o desconectados, lo que debilita su consistencia general. A ello se suma un enfoque en seguridad con rasgos autoritarios que abre cuestionamientos sobre su impacto en derechos fundamentales.

Uno de los puntos más rescatables del plan es su énfasis en la salud preventiva y la ampliación de servicios básicos. La propuesta de chequeos médicos anuales, fortalecimiento de postas y atención continua apunta a descongestionar el sistema hospitalario, un problema estructural del país. Asimismo, en educación plantea medidas como comedores escolares y ampliación de vacantes, que responden a brechas reales en acceso y nutrición infantil.

El plan presenta ideas ambiciosas en descentralización e infraestructura, como el traslado de poderes del Estado o la construcción de grandes proyectos de transporte. Sin embargo, estas propuestas carecen de sustento técnico, cronogramas claros o evaluación de costos, lo que las deja en un nivel declarativo. Lo mismo ocurre con la reforma educativa y universitaria, que plantea cambios importantes pero sin detallar su implementación.

Las principales alertas se concentran en el enfoque de seguridad y en la viabilidad general del plan. La creación de un “Ministerio de Guerra” y la fusión de fuerzas del orden suponen un cambio radical en el diseño institucional del país, con riesgos de concentración de poder. Además, propuestas como estados de excepción prolongados o el uso intensivo de inteligencia sin controles claros generan preocupación por posibles vulneraciones de derechos. A esto se suma la falta de coherencia del documento, que mezcla medidas técnicas con apartados poco estructurados.

Mesías Guevara

Mesías Guevara es ingeniero electrónico formado en la Universidad Nacional de Ingeniería, con experiencia en gestión pública y política. Ha sido congresista de la República y gobernador regional de Cajamarca, además de liderar el partido Acción Popular.

Durante su gestión regional impulsó proyectos de infraestructura y desarrollo, aunque enfrentó críticas por limitaciones en ejecución y conflictos sociales. Su perfil combina experiencia técnica con conocimiento del aparato estatal.

Su plan de gobierno propone reactivar la economía mediante inversión pública y privada, fortalecer la descentralización y modernizar el Estado. También incluye medidas para mejorar servicios básicos y competitividad regional.

Sin embargo, sus propuestas se mantienen en un nivel general, sin desarrollar mecanismos concretos de implementación. Su plan carece de elementos diferenciadores frente a otros candidatos, lo que podría diluir su impacto político.

Uno de los principales puntos a favor de Mesías Guevara es su experiencia directa en la gestión pública, tanto a nivel nacional como regional. Su paso por el Congreso y, sobre todo, por el Gobierno Regional de Cajamarca le ha permitido conocer de primera mano las limitaciones del Estado en ejecución de obras, descentralización y prestación de servicios. Esta experiencia se refleja en un plan que prioriza la inversión pública, el fortalecimiento institucional y la competitividad regional, aspectos clave para cerrar brechas territoriales.

Si bien sus propuestas apuntan a problemas reales —como la reactivación económica, la descentralización y la modernización del Estado—, muchas de ellas se quedan en un nivel programático general. Plantea impulsar inversión, mejorar servicios y fortalecer capacidades, pero no detalla con claridad los mecanismos, plazos ni fuentes de financiamiento. Esto hace que su plan sea técnicamente correcto en el diagnóstico, pero limitado en términos de ejecución concreta.

El principal problema de su propuesta es la falta de diferenciación y profundidad. En un escenario electoral con múltiples candidatos, su plan no introduce reformas estructurales claras ni medidas innovadoras que lo distingan. Además, su gestión en Cajamarca estuvo marcada por cuestionamientos sobre capacidad de ejecución y conflictos sociales, lo que podría debilitar la credibilidad de sus propuestas a nivel nacional.

Enrique Valderrama Peña

Enrique Valderrama Peña es un economista con experiencia en análisis económico y asesoría en políticas públicas. Su trayectoria está vinculada a consultorías y espacios técnicos relacionados con el desarrollo productivo y la gestión económica.

Su plan de gobierno plantea un modelo basado en la estabilidad macroeconómica, la promoción de la inversión privada y el fortalecimiento de sectores productivos. Propone simplificar regulaciones, mejorar la competitividad y optimizar el gasto público.

Sin embargo, su propuesta presenta debilidades en el ámbito social. Las políticas en salud, educación y desigualdad no están desarrolladas con claridad. Además, varias medidas se quedan en un plano general, sin especificar mecanismos de implementación.

En ese contexto, su candidatura intenta posicionarse como una opción técnica en un escenario político marcado por discursos más confrontacionales o propuestas radicales. Sin embargo, esa misma apuesta por la ortodoxia económica puede limitar su capacidad de conexión con amplios sectores de la población que demandan soluciones inmediatas frente a problemas como la inseguridad, el acceso a servicios básicos y la precariedad laboral.

A ello se suma que su plan no desarrolla con suficiente profundidad mecanismos de articulación entre crecimiento económico y reducción de desigualdades, un aspecto clave en el contexto peruano actual. Tampoco se precisan estrategias claras para enfrentar la informalidad, que sigue siendo uno de los principales desafíos estructurales del país. En ese sentido, aunque su enfoque puede generar confianza en ciertos sectores empresariales, deja abiertas interrogantes sobre su capacidad para traducir estabilidad macroeconómica en mejoras concretas en la calidad de vida de la población.

El punto más sólido de Valderrama es su enfoque técnico en materia económica. Su plan prioriza la estabilidad macroeconómica, el fortalecimiento de la inversión privada y la mejora de la competitividad, elementos que suelen ser valorados en contextos de incertidumbre. Asimismo, propone simplificar regulaciones y optimizar el gasto público, lo que apunta a mejorar la eficiencia del Estado y generar condiciones para el crecimiento sostenido.

A pesar de su coherencia en el ámbito económico, sus propuestas siguen una línea bastante tradicional, sin introducir cambios significativos en el modelo actual. Medidas como la promoción de la inversión o la reducción de trabas burocráticas ya forman parte del consenso técnico, por lo que su plan no aporta elementos novedosos ni respuestas distintas frente a los desafíos actuales, como la informalidad o la desigualdad estructural.

Las mayores debilidades del plan están en el frente social. Las políticas en salud, educación y reducción de brechas aparecen poco desarrolladas, sin metas claras ni estrategias específicas. Además, muchas de sus propuestas económicas no incluyen mecanismos de implementación detallados, lo que genera dudas sobre su viabilidad. Esta falta de equilibrio entre lo económico y lo social puede limitar el alcance de su propuesta en un contexto de alta demanda ciudadana por servicios básicos.