El error de gravar a los supermercados
En España se ha instalado desde hace tiempo una peligrosa tendencia política: cuando los precios suben, la reacción automática de algunos partidos es buscar un culpable empresarial al que castigar con nuevos impuestos. La última propuesta de Sumar sigue ese patrón: imponer un gravamen específico a los supermercados para compensar lo que consideran una «subida injustificada» de los precios de los alimentos y financiar así una rebaja del IVA en determinados productos, en un diagnóstico equivocado de cómo funciona la economía, que conduce, inevitablemente, a resultados contrarios a los que promete.
El primer problema es conceptual. La subida de los precios de los alimentos no se explica por una supuesta conspiración de los súper ni por un aumento extraordinario de sus márgenes. La inflación alimentaria responde, sobre todo, a factores mucho más amplios: el incremento de los costes energéticos, el encarecimiento de los fertilizantes, las disrupciones logísticas internacionales y, en general, el fuerte aumento de costes en toda la cadena de producción.
Los súper son el último eslabón de esa cadena. Su margen comercial suele ser relativamente reducido y se mueve en un sector extraordinariamente competitivo. En España operan grandes cadenas nacionales e internacionales, supermercados regionales y una extensa red de comercio minorista. Pensar que todos ellos pueden subir precios de manera arbitraria y coordinada ignora una realidad básica: en un mercado competitivo, quien sube precios injustificadamente pierde clientes.
En economía, existe una idea elemental que conviene recordar: los impuestos o se repercuten o se asumen vía disminución del margen. En el caso de los supermercados, la capacidad de absorber un nuevo impuesto es muy limitada. Sus márgenes son estrechos y su negocio se basa en rotaciones elevadas y precios ajustados. Si el Gobierno decide imponerles un gravamen adicional, lo más probable es que una parte significativa de ese coste termine trasladándose a los precios finales. El resultado sería exactamente el contrario al que se pretende: precios más altos.
Además, la propia lógica de la propuesta revela una contradicción evidente. Se plantea gravar a los supermercados para poder bajar el IVA de algunos alimentos. Es decir, se crea un impuesto para financiar la reducción de otro. Pero si el nuevo impuesto encarece los costes de distribución, terminará presionando al alza los precios de esos mismos productos cuyo IVA se pretende rebajar, con lo que al ser la base mayor el impuesto final pagado puede ser incluso más alto.
Este tipo de intervenciones responden a una visión profundamente equivocada del funcionamiento del mercado. Se parte de la idea de que el Gobierno puede intervenir selectivamente en determinados sectores para corregir precios que considera excesivos. Sin embargo, cada intervención introduce nuevas distorsiones que generan a su vez efectos secundarios imprevistos.
Gravar a los supermercados no sólo afecta a los precios. También reduce los incentivos a invertir, modernizar instalaciones o expandir la red comercial. A largo plazo, eso implica menor eficiencia en la distribución y menores economías de escala, lo que vuelve a traducirse en precios más elevados. La historia económica muestra que cuando los gobiernos intentan manipular los precios mediante impuestos o regulaciones sectoriales, lo que consiguen es alterar las señales del mercado y deteriorar el funcionamiento del sistema económico.
Si el objetivo real fuera aliviar el coste de la cesta de la compra, el camino es mucho más sencillo y mucho más eficaz: reducir impuestos de manera generalizada. España soporta una carga fiscal elevada en numerosos ámbitos que afectan directamente a los costes de producción y distribución. Energía, transporte, cotizaciones sociales o fiscalidad empresarial son elementos que terminan incorporándose al precio final de los productos. Cada aumento impositivo en esos ámbitos acaba repercutiendo, directa o indirectamente, sobre los consumidores.
Por eso, la forma más efectiva de aumentar el poder adquisitivo de los ciudadanos no consiste en diseñar impuestos sectoriales ni en buscar culpables empresariales, sino en reducir la carga fiscal y permitir que la economía funcione con menos interferencias políticas.
Los supermercados no son el problema, sino que son, de hecho, parte de la solución: gracias a la competencia y a la eficiencia logística han logrado mantener precios relativamente contenidos en comparación con otros países europeos. Convertirlos ahora en objetivo fiscal no sólo es injusto desde el punto de vista económico, sino también contraproducente para los propios consumidores.
Al final, las leyes económicas siguen funcionando aunque el legislador decida ignorarlas sistemáticamente. Y cuando se encarecen artificialmente los costes de quienes distribuyen alimentos, lo que termina encareciéndose es la cesta de la compra de todos los ciudadanos.