Decía George Santayana que quienes no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. En España, el problema no es la falta de memoria, sino el exceso de codicia. El socialismo ha mutado la vieja corrupción del ladrillo por la cultura del molino y la licencia a pie de despacho. El botín ya no está en la costa, está oculto en el farragoso bosque de las declaraciones de impacto ambiental. El caso Forestalia no es el escándalo aislado de una empresa ambiciosa, es el epitafio de una transición ecológica que el PSOE nos vendió como salvación planetaria y que ha terminado en un vulgar reparto de dividendos entre logradores, testaferros y altos cargos con despacho en el ministerio más verde de Europa. El 3 de marzo, la Ucoma ejecutó una docena de registros en Zaragoza y Madrid. Lo que encontró no describe la aventura de un empresario codicioso actuando en solitario, describe una metodología. Forestalia había entendido que en la España de Sánchez el negocio no era la energía, sino el permiso. La empresa lograba las declaraciones de impacto ambiental y revendía sus derechos a los grandes operadores. Para ello, presuntamente, aceitó la subdirección general que debía proteger el medio ambiente y que terminó funcionando como ventanilla de negocios particulares. En el centro figura Eugenio Domínguez, subdirector de Calidad y Evaluación Ambiental durante la etapa de Teresa Ribera. La Guardia Civil sostiene que Forestalia inyectó 5,2 millones de euros en las sociedades de Domínguez y su esposa mediante un crédito que los investigadores identifican como mordida, bajo contratos que nunca se elevaron a público para evitar el rastro notarial. Nombres evocadores para empresas fantasma; facturas en la sombra mientras se firmaban autorizaciones millonarias. La desfachatez institucional resulta más reveladora que la cuantía. Mientras la ministra Aagesen intentaba convencer a la prensa de que Domínguez llevaba años desvinculado, los informes judiciales acreditan que Hugo Morán lo mantuvo como asesor personal incluso tras estallar el escándalo. El rastro llega también a Soto del Real. La ruptura de vínculos entre la red de Forestalia y el socio de Santos Cerdán se produjo el mismo día en que el ex número tres del PSOE abandonó la prisión. En este país, las coincidencias suelen tener nombre propio. La trama infecta también Aragón, donde Forestalia compró consultoras de ex altos cargos del Gobierno regional a precios inflados que los investigadores sospechan fueron pagos encubiertos, y donde la empresa recibió 17,32 millones de la SEPI con comisiones presuntamente abonadas al entorno de su expresidente. Dinero público, comisiones en la sombra, los mismos apellidos socialistas de siempre. Sobre toda la investigación planea Ribera, hoy comisaria europea, sin que ninguna diligencia la señale directamente. Pero la responsabilidad política no requiere connivencia personal: requiere que bajo tu mandato un alto cargo cobre millones por amañar licencias, y que tu jefe de gabinete, Marc Pons, esté también investigado por presuntas presiones para acelerar otra autorización. No es un patrón accidental; es el fruto de una cultura de impunidad cultivada durante años bajo el paraguas del ecologismo de Gobierno. Al final, la sostenibilidad socialista resulta un salvoconducto de doble faz. Por delante, el ciudadano paga la luz a precio de oro mientras escucha discursos sobre la emergencia climática; por detrás, un subdirector cobra millones por firmar papeles que arrasan el Maestrazgo y el Matarraña. Lo más desolador no es la corrupción en sí, sino que las primeras en exigir la paralización de los molinos de Forestalia hayan sido las propias organizaciones ecologistas aragonesas. Cuando los defensores del medio ambiente se convierten en los acusadores de la transición verde, algo esencial se ha roto. Santayana tenía razón, pero en la España del PSOE el pasado ni siquiera se disimula. Simplemente se pinta de verde.
