INAP proyecta formar 50 mil servidores, pero alerta: sin estabilidad, la capacitación pierde valor
Este artículo fue publicado originalmente en El Día.
Santo Domingo.- Uno de los principales desafíos que enfrenta el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) es garantizar la sostenibilidad de la formación de los servidores públicos.
De acuerdo con Gregorio de Jesús Montero, director de la institución, actualmente se forman alrededor de 35,000 empleados públicos cada año, con la meta de alcanzar los 50,000 en el presente período.
Sin embargo, insistió en que sin estabilidad laboral para estos servidores, la capacitación pierde su valor como inversión y se convierte en gasto.
A este reto se suma la necesidad de consolidar una formación integral que abarque temas clave para la administración pública moderna.
Entre los cursos priorizados, mencionó derechos humanos, donde el componente medioambiental ocupa un lugar central, así como los temas de buen gobierno y buena administración, considerados fundamentales dentro de la estrategia institucional.
Asimismo, destacó la inclusión de programas sobre género, señalando que es necesario seguir impulsando estas políticas dentro de la administración pública.
En ese sentido, reveló que más del 60% de los participantes en los cursos del INAP son mujeres, y en la institución esa proporción alcanza alrededor del 70%.
“Eso nosotros tenemos que decírselo claramente a la administración pública: quienes más se están formando son las mujeres”, expresó a El Día.
Este dato, explicó, obliga a reflexionar sobre la participación femenina en los cargos directivos, ya que, aunque predominan en la base, aún enfrentan retos para acceder a posiciones de liderazgo.
Gregorio Montero sostuvo que, como parte de la estrategia de transformación académica del INAP, se han revisado los programas de estudio y se han incorporado nuevos cursos, especialmente en materia de transformación digital.
Esto incluye la capacitación en ciberseguridad y el desarrollo de capacidades digitales para los servidores públicos, en cumplimiento con el marco nacional de competencias digitales.
“Parte de estos programas se ofrecen en modalidad autogestionada en línea, con el fin de masificar el acceso a estas competencias esenciales”, comentó el director.
En la misma línea, agregó que el INAP aborda la inteligencia artificial desde dos perspectivas, como herramienta para la prestación de servicios públicos, incluyendo la robotización de ciertos trámites administrativos, y como instrumento educativo.
En este último caso, reveló que la institución busca asegurar que la formación mediante inteligencia artificial no afecte el pensamiento crítico ni la ética de los servidores públicos, manteniendo el enfoque en resolver problemas sociales y garantizar la calidad del servicio.
Entre los cursos ofrecidos se encuentra el curso de inducción a la administración pública, obligatorio para todos los servidores, impartido en formato híbrido con componentes autogestionados, virtuales y presenciales según la conectividad local.
Este curso abarca régimen jurídico, profesionalización de la función pública, ética, lucha contra la corrupción y transformación digital.
Otros programas incluyen cursos de ética e integridad gubernamental, atención al ciudadano, planificación estratégica y gestión del talento humano, enfocados en profesionalización, carrera administrativa, mérito y estabilidad laboral.
Montero indicó que estas acciones buscan formar tanto al personal de nivel medio y bajo como a los directivos, garantizando que la capacitación tenga un impacto real en la administración pública y en la prestación de servicios a la ciudadanía.
Presupuesto
En cuanto al presupuesto, Montero señaló que el INAP maneja actualmente unos 265 millones de pesos, incluyendo un aumento presupuestario de 15 millones destinados exclusivamente a capacitación.
Explicó que anteriormente el presupuesto rondaba los 250 millones, pero fue reorganizado por la actual gestión.
De ese total, precisó que 65 millones de pesos están destinados directamente a la formación de servidores públicos.
El director explicó que estos recursos han sido optimizados mediante un proceso de racionalización del gasto, priorizando la capacitación como eje central de la institución.
“Hoy te puedo decir con tranquilidad que tenemos recursos suficientes para capacitar todo lo que hemos proyectado”, afirmó, al destacar que, aunque pueden existir limitaciones en otras áreas, no faltan recursos para la formación.
Además, sostuvo que se han fortalecido alianzas con instituciones académicas públicas y privadas para ampliar el alcance de los programas sin incrementar significativamente los costos.
Expansión
En términos operativos, contó que el INAP cuenta con una sede principal en Santo Domingo, pero ha desarrollado una estructura territorial a través de 11 regionales que coordinan las actividades académicas en todo el país.
Estas regionales permiten llevar la capacitación a distintas localidades mediante el uso de infraestructuras de otras instituciones.
Gregorio Montero explicó que el INAP no necesita contar con instalaciones propias en todo el territorio, ya que utiliza espacios de universidades, ayuntamientos y gobernaciones.
Entre los acuerdos mencionados, destacó el convenio con la Universidad Católica Nordestana, en San Francisco de Macorís, donde se realizan actividades académicas, así como colaboraciones con la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que dispone de centros en diversas localidades.
Sin embargo, añadió que en lugares donde no hay presencia universitaria, las capacitaciones se realizan en instituciones públicas locales, lo que permite garantizar cobertura nacional.
Además, sostuvo que la entidad organiza jornadas en distintas regiones del país para presentar su oferta académica y orientar a los servidores públicos sobre cómo acceder a los programas.
Esta estrategia, basada en la articulación institucional y el uso eficiente de los recursos, ha permitido al INAP ampliar su impacto sin necesidad de grandes inversiones en infraestructura física, enfocándose en su objetivo principal, la capacitación de los servidores públicos.
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