La aprobación del decreto para paliar los efectos de la guerra en Irán ha vuelto a poner de relieve la tramposa deriva en la técnica legislativa del Ejecutivo. Bajo la cobertura de la urgencia internacional, el Gobierno ha introducido modificaciones de calado que exceden con mucho la respuesta coyuntural a una crisis de este tipo. Entre ellas, destacan los cambios estructurales a nuestro modelo energético y la modificación de la ley de Presupuestos de 2023 mediante disposiciones escondidas en el texto. El recurso a esta vía plantea serias objeciones. En primer lugar, porque España sigue sin contar con unas cuentas públicas aprobadas en esta legislatura, incumpliendo el mandato constitucional de su presentación anual. En segundo término, porque la modificación de una ley presupuestaria prorrogada –precisamente por la falta de una mayoría parlamentaria– introduce una anomalía jurídica difícilmente justificable. Como reconocen fuentes técnicas de Hacienda, se trata de una solución «funcional» para mantener el gasto, pero cuestionable en términos de legalidad material y de respeto al procedimiento parlamentario. Más allá de las formas, el contenido del decreto revela una orientación política que merece un análisis de fondo. A diferencia de anteriores paquetes de medidas, como los adoptados tras la invasión de Ucrania, este texto incorpora elementos estructurales en materia energética. No se limita a amortiguar el impacto de los precios, sino que introduce una visión ideológica del sistema eléctrico, en un momento en que dicho modelo ha sido objeto de críticas tras episodios como el apagón ibérico. La oportunidad elegida para impulsar estos cambios –al abrigo de una crisis internacional– no parece casual. A ello se añade una decisión significativa en el diseño de las ayudas: su focalización. El Ejecutivo opta por concentrar los apoyos en determinados colectivos, abandonando esquemas más universales. Esta estrategia, defendida habitualmente en términos de eficiencia, tiene implicaciones distributivas claras: desplaza el coste hacia las clases medias, presentes y futuras, que quedan fuera de las compensaciones directas pero soportan la carga fiscal y regulatoria. No deja de resultar llamativo que esta orientación sea adoptada por un Gobierno que, en otros contextos, ha criticado ese mismo enfoque por considerarlo 'neoliberal'. Desde el punto de vista institucional, el problema es doble. Por un lado, se debilita el papel del Parlamento, al introducir modificaciones sustantivas mediante decretos que limitan el debate y la capacidad de enmienda. Por otro, se consolida una práctica de gobierno basada en la excepcionalidad permanente: la prórroga presupuestaria, la legislación de urgencia y la mezcla de medidas heterogéneas en un mismo texto normativo. Todo ello erosiona la transparencia y la calidad democrática. El juicio que merece este proceder es claro. La urgencia no puede convertirse en coartada para alterar las reglas del juego institucional ni para introducir reformas estructurales sin el debido debate parlamentario. España necesita estabilidad normativa, presupuestos actualizados y una política energética debatida con rigor, no decisiones encubiertas en disposiciones finales.
