El país de los apellidos rentables
En Bolivia, emprender es difícil… salvo que el emprendimiento consista en nacer con el apellido correcto. Ahí sí, el retorno de la inversión es inmediato. Porque cuando la identidad se pierde, un apellido se convierte en mala palabra y el miedo se apodera, nace la hipocresía social, de quienes aprovecharon el momento y se convirtieron en “exitosos” empresarios.
En los últimos meses, la prensa ha comenzado a hacer lo que siempre debió hacer: preguntar. Preguntar cómo es posible que, en un país donde el ciudadano promedio lucha por sobrevivir, aparezcan jóvenes de poco más de 30 años con patrimonios que —según diversas denuncias públicas— incluirían decenas de bienes inmuebles, vehículos de alta gama y movimientos financieros difíciles de explicar bajo cualquier lógica empresarial tradicional.
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Pero tranquilos… seguro fue un “startup”. Uno muy exitoso. Tan exitoso que no dejó huella de esfuerzo, pero sí de privilegio.
El nombre que más resuena en estas historias es el de Marcelo Arce Mosqueira, hijo del expresidente Luis Arce Catacora. Y junto a él, un entorno familiar y social que —según reportes periodísticos y denuncias políticas— habría orbitado alrededor de decisiones, influencias y accesos vinculados a la estatal YPFB, como si esta fuera una extensión natural del patrimonio familiar.
Porque claro… ¿quién no ha soñado alguna vez con administrar indirectamente la principal empresa del país sin haber pasado por un solo concurso público? Eso sí es meritocracia… versión boliviana.
Lo interesante no es solo el presunto enriquecimiento —que ya es grave— sino el fenómeno social que lo acompañó. Porque como bien reflejaron redes sociales, investigaciones periodísticas y comentarios en voz baja que luego se hicieron gritos, alrededor de este círculo comenzaron a aparecer nuevos “exitosos”: empresarios de ocasión, influencers de billetera ajena, y una comparsa de jóvenes que descubrieron que el acceso al poder no solo abre puertas… abre cuentas.
Y ahí es donde la historia deja de ser política… y pasa a ser moral.
Porque no se trata solo de quién se enriqueció, sino de cuántos decidieron mirar al costado. Cuántos aceptaron la invitación. Cuántos brindaron con dinero que sabían —o intuían— que no era fruto del trabajo.
La prensa ha insinuado, ha investigado, ha señalado vínculos, propiedades, movimientos sospechosos, nombres que se repiten. Y como siempre, la defensa no ha sido explicar… sino callar, dilatar o desviar.
Pero lo verdaderamente revelador no es el posible escándalo de corrupción —que en Bolivia ya parece un género literario—, sino la facilidad con la que una generación entera estuvo dispuesta a vender su identidad por una membresía en el club equivocado.
Porque aquí no solo hubo poder… hubo complicidad. Jóvenes de mediana edad que cambiaron principios por privilegios. Que confundieron éxito con cercanía al poder. Que hicieron de la apariencia un proyecto de vida, aunque el financiamiento proviniera de lo que le pertenece a todos los bolivianos.
Y mientras tanto, el país real… ese que madruga, trabaja y paga impuestos… financiando sin saberlo la fiesta de otros.
Lo más irónico de todo esto es que, cuando la verdad termine de salir —porque siempre sale—, muchos dirán que no sabían nada. Que eran solo amigos. Que estaban ahí “por casualidad”. Que la fortuna fue coincidencia y no consecuencia.
Claro y YPFB era solo un club social. El problema de fondo no es solo que algunos hayan abusado del poder. El verdadero problema es que como sociedad hemos normalizado la admiración por la riqueza, sin importar su origen. Hemos convertido el “tener” en más importante que el “ser”.
Lo más curioso será confirmar que uno de los integrantes del círculo íntimo de este “ex dueño de YPFB” hoy ocupa un ministerio… porque en Bolivia, al parecer, no solo se administra el poder: también se administra el riesgo de ser investigado.
Y así, poco a poco, el apellido deja de ser identidad… y se convierte en negocio. Un negocio rentable. Mientras dura.
(*) Alberto De Oliva Maya es escritor y analista político
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