La asesora de Begoña en Moncloa se escuda en que dedicaba "medio minuto" a las gestiones privadas de la cátedra

Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez, ha recurrido la decisión del juez Juan Carlos Peinado de atribuir el caso en su contra a un jurado popular y ha negado que exista malversación en que un trabajador público dedique "medio minuto diario" a actividades privadas, en este caso de su superior.

El recurso del letrado José María de Pablo Hermida pide anular el auto adoptado por Peinado y sobreseer la investigación contra la asesora, con un texto que emplea la ironía, exclamaciones y que reproduce en grandes letras -llena dos páginas- el argumento de la Audiencia Provincial de Madrid para no atribuir malversación a Álvarez.

El letrado muestra su "perplejidad" por el "empeño en ignorar lo que de manera tan tajante ha establecido la Audiencia Provincial" y lo repite en "letras muy grandes" porque, dice, detecta, "ciertas dificultades para leerlo: "el funcionario ilícitamente destinado a cubrir necesidades o utilidades privadas de su superior o encargado no puede cometer el delito de malversación, que solo cometería quien lo destina aprovecha o consiente esa decisión".

El recurso contabiliza el tiempo que habría tomado a Cristina Álvarez acudir a siete actos -aunque el acompañamiento formaba parte de sus funciones-, enviar 23 correos y asistir a un máximo de cuatro reuniones relacionadas con "tareas privadas" de Begoña Gómez a lo largo de tres años y calcula que empleó "aproximadamente medio minuto al día".

"¿Eso es malversación? Si investigamos por malversación a todos los funcionarios que dediquen más de medio minuto al día de su horario laboral a tareas privadas, incluso a tareas privadas de su superior, habría que instruir la macrocausa más voluminosa de nuestra historia judicial", señala el letrado tras ironizar en mayúsculas sobre dichos "escándalos".

El recurso recuerda que entre las labores de Álvarez figura el acompañamiento, la agenda o la coordinación con protocolo y seguridad y considera desproporcionada la investigación ante "la ausencia de regulación y claridad en los límites de lo que es la asistencia a la esposa de un Presidente del Gobierno, donde la frontera entre lo privado y lo público se diluye".

"Se es esposa del Presidente las 24 horas, se necesita coordinación de agenda las 24 horas, o se necesita seguridad las 24 horas", recalca.

El recurso argumenta que en todo caso la asesora podría ser objeto o víctima de un presunto delito, pero no autora y cita varias condenas a cargos por emplear a trabajadores públicos en actividades privadas, donde los funcionarios no estuvieron investigados, aunque "aquellos no eran casos mediáticos con influencia en la contienda política".

"¿Cuál es la relación funcional de mi mandante con el caudal malversado? ¿Se ha malversado mi cliente a sí misma?", se pregunta el recurso, que también cuestiona si comete malversación "el cocinero de Moncloa que prepara una comida privada, no protocolaria, a la familia del presidente del Gobierno".

En un momento adelanta un "spoiler": que la investigación por tráfico de influencias ha fracasado porque no hay indicios al no intervenir la asesora en las reuniones mantenidas por Gómez con el rector de la Universidad Complutense y ser una "mera recadera" respecto a una cátedra gratuita y sin lucro.

Tampoco participó Álvarez, según su letrado, en los hechos por los que se investiga una presunta apropiación indebida en el registro de un software a nombre de Begoña Gómez, puesto que ella intentó registrarlo a nombre de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y por tanto "solo intervino en hechos tendentes a hacer lo correcto" de forma "modélica".

"Es como imputar por el atraco a un banco al policía que intervino deteniendo a los atracadores. Un disparate", recalca, al tiempo que advierte que no se recogen indicios respecto a corrupción en los negocios o intrusismo.

Este letrado rechaza además los argumentos dados por Peinado para atribuir la causa a un jurado popular, tras un auto que citó para el 1 de abril a los tres investigados: Begoña Gómez, su asesora y el empresario Juan Carlos Barrabés.