Garrigues impulsa un cambio en la contratación de defensa con diez medidas que pueden transformar el sistema
Garrigues ha presentado junto a AESMIDE y TEDAE un informe que propone una profunda reforma de la contratación pública en el ámbito de la defensa. El documento, elaborado por el área de Derecho Público de la firma, analiza el marco actual y plantea medidas concretas para dotar al sistema de mayor agilidad y capacidad de respuesta ante un entorno geopolítico cada vez más exigente.
El estudio liderado por Garrigues parte de un diagnóstico claro: la normativa vigente fue diseñada en un escenario de estabilidad que ya no existe. La presión sobre las cadenas de suministro, la urgencia operativa y la necesidad de reforzar la base industrial de defensa obligan a introducir cambios que permitan acelerar la toma de decisiones sin renunciar a los principios de legalidad y transparencia.
El informe plantea la creación de un marco jurídico específico, de carácter temporal, que permita adaptar el sistema a las nuevas necesidades estratégicas. Según David Arias, socio de Derecho Público de Garrigues, el objetivo es abrir un proceso legislativo que desemboque en una regulación adaptada al contexto actual, con instrumentos más flexibles para contratación y gestión presupuestaria.
Garrigues propone un marco jurídico específico para defensa
El documento elaborado por Garrigues sostiene que el actual modelo de contratación pública presenta rigideces que dificultan la adquisición de capacidades estratégicas. La propuesta se centra en crear un régimen especial que permita mayor agilidad en los procesos sin comprometer el control del gasto.
El informe identifica diez líneas de actuación prioritarias destinadas a modernizar el sistema y adaptarlo a un entorno cambiante. Estas medidas abarcan desde la simplificación administrativa hasta la flexibilización presupuestaria, pasando por la integración de la innovación tecnológica en la contratación.
Simplificación de las actuaciones preparatorias
El estudio propone reducir la complejidad de la fase preparatoria de los contratos mediante la digitalización de procedimientos y la reducción de cargas documentales. También se plantea acortar plazos y concentrar la toma de decisiones en órganos colegiados que agilicen la gestión.
Adaptación de los procedimientos de adjudicación
Garrigues propone ampliar el uso de procedimientos más flexibles, como el negociado o el diálogo competitivo. El objetivo es adaptar los procesos a contratos tecnológicos complejos o sensibles desde el punto de vista de seguridad.
Diez propuestas para modernizar la contratación en defensa
El informe liderado por Garrigues estructura sus recomendaciones en diez ámbitos estratégicos que buscan modernizar la contratación pública en defensa:
- Simplificación administrativa y reducción de plazos
- Procedimientos de adjudicación más flexibles
- Impulso del artículo 346 del TFUE
- Modernización de contratos gobierno a gobierno
- Regulación de participación de terceros países
- Mejora del presupuesto de licitación
- Integración de I+D+i y adquisición
- Flexibilidad en modificación de contratos
- Revisión específica de precios
- Flexibilización de la gestión presupuestaria
Impulso del artículo 346 del TFUE
El informe propone reforzar el uso de la excepción prevista en el artículo 346 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Esta medida permitiría proteger intereses esenciales de seguridad nacional y facilitar la contratación estratégica.
Modernización de contratos entre Estados
El documento plantea actualizar el régimen de contratos gobierno a gobierno. Se propone simplificar su tramitación y revisar aspectos como la responsabilidad estatal o la exigencia de depósitos previos.
Mayor flexibilidad presupuestaria y tecnológica
El análisis liderado por Garrigues también destaca la necesidad de adaptar la gestión presupuestaria a proyectos de defensa de larga duración. El informe plantea permitir compromisos plurianuales y la incorporación de remanentes para mejorar la planificación financiera.
Además, se propone vincular la investigación y desarrollo con la adquisición final, evitando la desconexión actual entre innovación y compra pública. Esta integración facilitaría la transición desde el desarrollo tecnológico hasta la implementación operativa.
Revisión de precios adaptada al sector defensa
El informe propone establecer un régimen específico de revisión de precios que permita absorber variaciones de costes. Esta medida busca garantizar la viabilidad de contratos de larga duración.
Participación de terceros países
El documento también aborda la participación de empresas de terceros países. Se plantean criterios de reciprocidad y preferencia europea para proteger la base industrial estratégica.
Una iniciativa impulsada desde el sector
El informe presentado por Garrigues ha contado con la colaboración de AESMIDE y TEDAE, que han aportado la visión de empresas del sector defensa. Esta participación ha permitido trasladar al análisis jurídico las necesidades reales de la industria.
Las propuestas responden a disfunciones detectadas en la práctica, como la rigidez procedimental, la falta de adaptación tecnológica o la desconexión entre planificación y ejecución operativa.
Con este informe, Garrigues sitúa sobre la mesa una hoja de ruta para modernizar la contratación pública de defensa, impulsar la industria estratégica y adaptar el marco normativo a un entorno internacional cada vez más exigente.