Gabilondo, árbitro para las víctimas de la Iglesia
No habrá un baremo económico ni se buscará tumbar los casos analizados por la comisión independiente creada por la Iglesia que ya ha resuelto más de cien casos en un año y medio. Estos serían los pilares del protocolo firmado hoy entre obispos, congregaciones religiosas y Moncloa para aterrizar el sistema de indemnizaciones que pilotará el Defensor del Pueblo, como una vía complementaria al Plan de Reparación Integral para Víctimas de Abusos (Priva) de la Iglesia.
Al frente de la rúbrica se encontraban ayer el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños; el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello; el presidente de la Conferencia Española de Religiosos (Confer), Jesús Díaz Sariego, y el propio Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo.
Se cierran así tres meses de negociaciones, con uno de demora sobre el plazo previsto, con el fin de poner en marcha ya este proceso que buscaría responder a aquellas víctimas de la pederastia eclesial que no acababan de fiarse de la comisión asesora independiente que designó la Iglesia para analizar los casos prescritos o cuyo abusador ha fallecido. De hecho, se ha fijado el 15 de abril como fecha de inicio para que las víctimas puedan presentar su caso.
Las prisas frenadas
A esta firma se llega con algún que otro bache, no propiciado por los equipos técnicos de la Iglesia y del Defensor del Pueblo, sino por la irrupción del ministro Bolaños hace un par de semanas. Como adelantó LA RAZÓN, el político socialista apareció en escena para que todo estuviera listo el pasado jueves 19 de marzo porque quería presentarse con ello bajo el brazo al día siguiente en Roma, con motivo de la audiencia de León XIV a los Reyes de España. Sin embargo, los representantes eclesiales se negaron a trabajar «con prisas», precisamente cuando se estaba ajustando la «letra pequeña», explicaron a este periódico.
El principal punto de fricción radicaba en la negativa de la Iglesia a que la vía del Defensor del Pueblo pudiera ser utilizada como un tribunal de apelación o de segunda instancia para las víctimas que no hubieran quedado satisfechas con la reparación establecida por la comisión Priva. Bolaños explicó que las víctimas que acudieron al Priva podrán ir al Defensor del Pueblo para que revise su caso y decida si la indemnización que recibieron «ha de ser mejorada, complementada, superada». Ante esta posibilidad, el presidente de la Conferencia Episcopal precisó que también se contempla que el equipo de Gabilondo decidiera que la indemnización inferior: «Vamos a ponernos de acuerdo y a hacer las cosas bien. Fíjese, en nuestro ánimo no está el decirle a alguien, te hemos dado de más, devuélvenoslo. No, no es ese nuestro estilo. No es eso lo que queremos hacer. No es un asunto de dinero».
Precisamente, en estas semanas, algunos medios han especulado sobre el hecho de que la Iglesia también se mostrara cicatera en términos económicos, un extremo que siempre han desmentido los negociadores, como ya señaló este periódico, y que ayer corroboraron los firmantes.
«No se trata de establecer cantidades ni horquillas sino de una propuesta de reparación integral», comentó Argüello. El ministro reforzó esta idea: «La reparación justa no debe estar determinada por una cifra ni mínima ni máxima». Es más, subrayó que «cada caso se va a estudiar en detalle».
En esta misma línea se manifestó Gabilondo: «No es un mero trámite burocrático ni es una ventanilla bancaria ni un proceso cosificador». Por su parte, el presidente de la Confer, Jesús Díaz Sariego, valoró que siempre es mejor «un acuerdo aunque no sea perfecto que un no acuerdo»: «No queremos abandonar ni ignorar a las víctimas», sentenció.
El trámite para las víctimas comienza presentando su solicitud en una unidad de tramitación que creará el Ministerio de Justicia, que ofrecerá orientación y se ocupará de comunicarse con la Iglesia y recabar los informes necesarios. A partir de ahí, la Unidad de Víctimas que pondrá en marcha el Defensor del Pueblo con un equipo de expertos analizará cada caso y en tres meses elaborará una valoración, denegando o incluyendo «la reparación pertinente, ya sea simbólica, restaurativa, espiritual o económica», según dice el protocolo. Posteriormente, la comisión asesora del Priva estudiará la valoración de Gabilondo y dará su criterio. Si la víctima no acepta la resolución, el Defensor del Pueblo convocará una comisión mixta con miembros de su equipo, de la Iglesia, del Gobierno y con víctimas para alcanzar un acuerdo por consenso. Si no se aúna criterios, la última palabra la tendrá Gabilondo y la Iglesia acatará.