Muchas tensiones, la ayuda del Vaticano y un sábado "crítico": así se fraguó el pacto sobre la pederastia en la Iglesia

El pasado 8 de enero, el Gobierno y la Iglesia firmaron un acuerdo para crear un sistema de reparación mixto para las víctimas de pederastia. Aquello fue solo el inicio de una larga y delicada negociación para plasmar aquel pacto genérico en un protocolo concreto para atender a las víctimas que quisieran algún tipo de reparación cuando no era posible acudir a la Justicia.

Desde aquel 8 de enero, los representantes del Gobierno, la Iglesia y el Defensor del Pueblo –quien tendrá la última palabra en las reclamaciones– se han reunido en casi una decena de ocasiones y ha mantenido innumerables llamadas. Fuentes conocedoras de las negociaciones relatan a elDiario.es semanas de muchas tensiones que cristalizaron el pasado sábado, cuando el acuerdo estuvo a punto de romperse.

No rebasar las “líneas rojas”

Durante aquellas conversaciones quedó patente que los representantes de la Iglesia, pese a haber firmado aquel acuerdo del 8 de enero, querían ahora revertir algunas de las cuestiones que contenía. Fuentes presentes en las negociaciones señalan que eso era una “línea roja” para el Ministerio y que la negociación podría resumirse en un intento constante de que el acuerdo ya firmado no se desvirtuara.

Desde el inicio, los principales desacuerdos ha estado centrados en dos cuestiones: que esta nueva vía permitiera a las víctimas que ya habían obtenido una compensación de la Iglesia reclamar más dinero. Por otro, que ante la falta de acuerdo sobre la compensación, la última palabra la tenga el Defensor del Pueblo.

Las reticencias de la Iglesia eran, en resumen, que el acuerdo suponía que el control que había tenido ellos en exclusiva a través del PRIVA –Plan de Reparación Integral a menores y personas equiparadas en derechos, víctimas de abusos sexuales– pasaba ahora a ser compartido con el Estado. Y con obligación de acatar lo que establezca el Defensor del Pueblo.

“Hubo un momento en el que se rompió todo”

Estos escollos ya impidieron hace diez días la firma del acuerdo, cuando se daba prácticamente por hecho. Aquello solo fue un retraso, en parte también relacionado con la inmediata visita de los reyes y del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, al Vaticano un día después. Pero ese retraso se tornó en una crisis total el pasado sábado.

“El sábado por la mañana hubo un momento en el que se rompió todo”, cuenta una fuente presente en las conversaciones. Ese día, ya con el borrador encima de la mesa, hubo un momento “crítico” en el que parecía que no iba a ser posible el acuerdo. Y es entonces cuando resultó fundamental el papel del mediador más importante de todas estas semanas: el Vaticano.

El Gobierno ha recurrido al Vaticano para engrasar el acuerdo con la Iglesia desde el inicio. Ya lo hizo para el acuerdo inicial de enero –hubo dos reuniones con la Santa Sede– y durante estas negociaciones han continuado las llamadas entre Bolaños y el secretario de Estado, Pietro Parolin.

El pasado viernes 20 de marzo, durante la visita al Vaticano, ambos mantuvieron un encuentro de trabajo para tratar los reparos de la Iglesia española. Ese día el ministro de Justicia trasladó a Parolin las dificultades a las que se estaba enfrentando y los puntos de discordia. El secretario de Estado del Vaticano contestó que no sabía nada. La Iglesia española no le había informado de su rechazo a firmar el acuerdo en los términos previstos.

Un intento de “revertir” lo ya firmado

Bolaños y Parolin mantuvieron una conversación por teléfono el sábado, cuando el acuerdo pendía de un hilo. La presión del Vaticano y los esfuerzos de Justicia para medir hasta el extremo la redacción algunas frases del texto consiguieron poner de acuerdo a todas las partes.

La Iglesia había estado poniendo muchas pegas al hecho de que las víctimas ya indemnizadas con el plan PRIVA pudieran ahora pedir compensaciones más altas. A veces las pegas eran a la forma en la que quedaba escrita alguna frase del texto, pero en otras ocasiones su rechazo era a los postulados generales del acuerdo. Había un intento de “revertir” lo ya firmado.

De hecho, en la nota informativa enviada este lunes por los obispos no figura este punto. En rueda de prensa, el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha eludido el asunto en su intervención inicial y a preguntas de los periodistas ha insistido en que cuando las víctimas ya indemnizadas reclamen se intentará “evitar duplicidades” y se tendrá en cuenta “la situación anterior”, en referencia a una posible indemnización ya recibida.

Bolaños ha sido más directo al aclarar que todas las víctimas que hayan acudido al mecanismo que la Iglesia había puesto en marcha puede ahora acogerse a esta nueva vía, aunque hayan recibido una indemnización.

Las fuentes presentes en las conversaciones señalan que han sido semanas de tensiones constantes, en las que los negociadores del Ministerio han tenido que “tirar del carro” frente a los obispos, que no tenían ninguna prisa por llegar a un acuerdo. De hecho, el acuerdo se debería haber firmado a principios de febrero, que fue el plazo que se dio en el primer pacto y el que se trasladó a las asociaciones de víctimas.

Aunque los obispos han obviado plazos y compromisos, el Ministerio si tenía a su favor una fecha marcha en rojo: la visita del papa el próximo mes de junio. Para la Iglesia hubiese sido un desastre acercarse a esa fecha sin haber alcanzado un acuerdo.

“Sería insostenible, no nos lo planteamos” responden desde del Ministerio cuando se les pregunta sobre si, constatadas las resistencias de la Iglesia, hay temor a que no cumplan ahora el acuerdo. Insisten en que se ha fijado una fecha –el 15 de abril– para que se ponga en marcha el proceso, se ha establecido un plazo y hay unos documentos firmados: “Todo eso nos da mucha tranquilidad”.

El plan, que no ha fijado baremos ni horquillas para las reparaciones a las víctimas, estudiará caso por caso para establecer una indemnización. En caso de acuerdo entre las partes, se sellará sin mayor problema, pero si hay discrepancias será el Defensor del Pueblo quien tenga la última palabra. También para aquellas víctimas que estén descontentas con la compensación que ya les haya pagado la Iglesia. Tras meses de negociaciones, los obispos han tenido que claudicar en este punto.