Castilla y León es líder por su atención y cobertura en Servicios Sociales tras superar al País Vasco
Sumando la calificación de los tres apartados, Castilla y León obtuvo en 2018, según recoge el documento que ayer fue presentado en Madrid, una calificación global de 7,45, logrando por primera vez superar al País Vasco -este informe lleva realizándose desde 2012- y posicionándose a la cabeza del país, por encima incluso de las dos comunidades autónomas forales, un hecho especialmente significativo para el consejero de Empleo, Carlos Carriedo, por disponer de un modelo de financiación diferente.
Carriedo, que desde el pasado marzo asumió la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, hasta entonces en manos de Alicia García (nueva diputada por Ávila), reseñó que la Comunidad ya superó en 2017 a Navarra mientras que en el último informe lo ha hecho al vecino País Vasco.
El consejero desgranó parámetro por parámetro el informe. Así, en la materia «derechos y ordenación del sistema» destacó que Castilla y León obtiene el primer puesto de toda España, con 1,45 sobre 1,50 (es decir, un 9,7 sobre 10), lastrado sólo por el hecho de que la Consejería no lleve el «apellido» «servicios sociales». Sí destaca, en cambio, que dispone tanto de una Ley como de un Catálogo de Servicios Sociales, la integración de la dependencia en los propios Servicios Sociales y que éstos están enmarcados en el Estatuto de Autonomía.
El informe DEC destaca su «gran eficiencia» y «equilibrio» gracias a la colaboración entre Junta y entidades locales
Respecto al segundo de los parámetros, la relevancia económica, el informe destaca que la autonomía se sitúa por encima de la media estatal en los tres indicadores observados y mejoró en todos ellos respecto al año anterior. Así, recoge que el gasto por habitante/año ha pasado de 388,65 en 2016 a 433,22 en 2018; el porcentaje de inversión sobre el PIB, de 1,72 a 1,844, y el porcentaje de la inversión destinada a servicios sociales respecto al presupuesto total, del 10,77 al 11,21. No obstante, añade el informe, «su posición relativa respecto a la media muestra un estancamiento o incluso una ligera reducción debido a la mejora generalizada».
Por último, en cuanto a la cobertura efectiva de prestaciones y servicios, al igual que en el primer apartado, la región se sitúa en el primer puesto alcanzando 3,80 puntos sobre 5,5 -la media está en 2,55-. Cuatro aspectos son los que contribuyen fundamentalmente a esta suma, apuntó Carnero: las estructuras básicas (es decir, los CEAS); la gestión de la dependencia y las plazas residenciales para mayores y la discapacidad. Destaca asimismo su cobertura y apunta, además, que «con una desatención del 1,6%, se puede considerar que en Castilla y León no existe Limbo de Dependencia».
Explicados los datos, el consejero se congratuló de que la autonomía obtenga la calificación de «excelencia» en el primer y tercer apartado, mientras que en el segundo «roza la excelencia». Asimismo, valoró que los expertos vean en los Servicios Sociales de la región un sistema «de gran eficiencia y equilibrado» -ofrece una de las mejores ratios entre cobertura y gasto-, consecuencia, recogen, de la colaboración entre Junta, entidades locales y tercer sector.
Recomendaciones
El Índice DEC, en su apartado de recomendaciones, señala a la Junta y a las entidades locales que consideren a los servicios domiciliarios como una prioridad de carácter estratégico para la sostenibilidad y su impacto en el empleo. En este sentido, anima a mejorar a la Comunidad en los dos únicos apartados en los que presenta déficit: las plazas de estancias diurnas para mayores y la teleasistencia, cuya menor puntuación fue considerada «natural» por Carriedo, al disponer de una amplia cobertura de plazas residenciales.
En cualquier caso, señaló que se están articulando medidas para mejorar al respecto y puso como ejemplo la regulación de la teleasistencia avanzada y nuevos programas como «A gusto en mi casa».