La Junta cifra el «quebranto» de los avales en 140 millones
«Este Gobierno está haciendo lo que tiene que hacer, perseguir el núcleo del fraude» y «va a trabajar para recuperar todo el dinero defraudado y denunciar los posibles delitos, no vamos a perder ni un minuto en otras cuestiones». Eso repitió una y otra vez ayer el consejero de Presidencia y portavoz de la Junta, Elías Bendodo, ante las insistentes preguntas sobre el apoyo al archivo de la investigación por prevaricación y malversación de un ex consejero socialista y un ex director de la agencia pública IDEA por los avales concedidos por la agencia pública a 18 empresas que también recibieron subvenciones sociolaborales de Empleo (bajo sospecha en el caso ERE). La Junta, personada como acusación particular, ha apoyado la petición de archivo de sus defensas, a la que se oponen la Fiscalía y la acusación popular que ejerce el PP. Solicita a la jueza, en cambio, abrir nuevas diligencias por fraude en subvenciones a los empresarios que se beneficiaron de los avales. Y ello pese a que Bendodo cifró el «quebranto» a las arcas públicas en 140 millones aunque en los juzgados sólo se investigan el destino de 66.
Desde que trascendió la noticia, la Junta trata de explicar la contradicción entre su postura y la del PP como partido. Y su argumento, repetido ayer por Bendodo, es que han optado por ir al «núcleo del fraude», trabajar por recuperar el dinero y perseguir los delitos que consideren que se cometieron, eludiendo aclarar que su posición judicial implica que para ellos el delito lo cometieron los empresarios al falsear los datos de sus solicituces de avales pero no los responsables políticos que se los concedieron, quienes según la Fiscalía y el PP sí hay «indicios» de que cometieron «delitos graves».
En concreto, junto a los beneficiarios, en la causa son investigados el ex consejero de Innovación Martín Soler, el ex viceconsejero Jesús María Rodríguez Román y el ex director de IDEA Jacinto Cañete (los dos últimos juzgados en la pieza política del caso ERE).
Sí dejó claro Bendodo que el nuevo Gobierno cierra el grifo a las agencias públicas para conceder avales con cargo a sus fondos. Así se indicará ya en el Presupuesto de 2019, que restará así autonomía a estas agencias (los responsables de IDEA, no obstante, fueron juzgados en el caso ERE por pagar las ayudas aunque las concedía la Consejería de Empleo y el dinero provenía del presupuesto de ésta).
Con todo, el portavoz insistió en que «nadie se va a ir de rositas, aquí el que la ha hecho la va a pagar y el que ha robado lo va a tener que devolver, aparte de cuál sea la decisión judicial».