El Parlamento de Bolivia ya tiene los proyectos para agilizar las nuevas elecciones, con las que se busca pacificar un país donde la violencia tras los anteriores comicios fallidos supera los 30 muertos, a los que se llora con rabia. La presidenta interina, Jeanine Áñez, aparecía a primera hora a las puertas del Parlamento en La Paz advirtiendo de que iba a llamar a las urnas por decreto, como sucedió en la anterior crisis de semejante gravedad en el país en 2005.
Mientras, en la vecina ciudad de El Alto se lloraba a los muertos que la Defensoría del Pueblo sospecha que pudieron tener que ver con disparos de militares, aunque el Gobierno provisional lo niega.
Pulso en el Parlamento
«Si la Asamblea no permite que lo hagamos de esa manera legal, pues buscaremos otro mecanismo», avisaba Áñez a un Parlamento con mayoría del Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales. La posibilidad de que la jefa de Estado provisional convocara elecciones por decreto recordó a la salida que buscó el entonces presidente Eduardo Rodríguez Veltzé en la crisis de 2005, que precisamente llevaron al poder a Morales. «Que elecciones va a haber en el país, sí, nosotros lo garantizamos», afirmó la mandataria interina.
El MAS respondió al pulso poco después presentando un anteproyecto para acelerar las elecciones, que en Bolivia requieren un proceso de tres meses, con una propuesta que incluso plantea la cita con las urnas para el 12 de enero de 2020.
El texto busca de forma «excepcional» acortar plazos para ir a nuevos comicios «lo más antes posible», en una señal clara del partido ante el Gobierno interino, como la definió la presidenta de la Cámara de Senadores de Bolivia, Eva Copa.
La propuesta del MAS es que un nuevo órgano electoral fije un calendario para nuevos comicios con el mismo censo electoral y partidos políticos que en los comicios fallidos del 20 de octubre, aunque con la posibilidad de otros candidatos.
Como si fuera una película de intriga, al anteproyecto del MAS le salió en la tarde la alternativa del Gobierno interino, un proyecto de ley que apuesta por un nuevo padrón electoral, nuevas candidaturas políticas y sin pasar por las primarias.
