Objetivamente, es una buena noticia que la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana se halle estancada en el Congreso por las serias discrepancias entre el PSOE y Unidas Podemos, y entre ambos y los socios tradicionales de Pedro Sánchez. La promesa que hizo hace cuatro meses el ministro del Interior de derogar la ley, algo que también forma parte del programa electoral del PSOE, está en dique seco. Y es lógico. Ni tal derogación es posible, porque la utilidad de esta ley aprobada por el PP contrasta con el discurso artificial de la izquierda, ni va a ser fácil que Pedro Sánchez convenza a sus socios, por ejemplo, de mantener las entregas de inmigrantes ‘en caliente’, o de no criminalizar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. La pretensión de los aliados de Sánchez, y también de Podemos, es básicamente que la reforma termine por no penalizar a los autores de actos violentos durante altercados callejeros, lo cual no es asumible. Igualmente quieren que la norma desproteja a los policías, poniendo en duda su profesionalidad y su palabra, por ejemplo, en la identificación de los autores de disturbios. Tampoco hay consenso para el uso de material antidisturbios -ERC exige la prohibición de usar pelotas de goma disuasorias-, para las entregas en frontera de inmigrantes, para regular la presunción de veracidad del testimonio de las Fuerzas de Seguridad, o para la eliminación de sanciones a los provocadores de altercados.
Sánchez se ha topado con su propia demagogia, porque no es lo mismo estar en la oposición y comprometer alegremente la derogación de una ley que debilita la respuesta del Estado, que presidir el Gobierno y dudar de la credibilidad de los policías o tener que actuar contra oleadas masivas de inmigrantes. Hace semanas, decenas de miles de agentes de los distintos cuerpos se manifestaron contra una reforma que, de aprobarse, les dejaría prácticamente inermes ante cualquier agresión. La letra pequeña de la realidad no tiene nada que ver con la grandilocuencia de los titulares con los que Sánchez animaba desde la oposición a acabar con la ‘ley mordaza’. Ahora sí le encuentra sentido, y ni siquiera habla de ‘mordaza’. Hoy el PSOE defiende lo que antes combatía, y todo por puro sentido común. Lo que no es responsable es que dada su incapacidad para cerrar pactos con sus socios, el PSOE aparque la reforma en el marco de una ponencia parlamentaria, dejando pudrir el debate. La izquierda debe asumir como lógico que desapoderar a las Fuerzas de Seguridad no tiene sentido. Serviría como argumento para filosofar en una enardecida asamblea podemita de universidad, pero para nada más. Pura demagogia.
Este estancamiento también demuestra la extrema debilidad parlamentaria de Sánchez para salvar sus leyes. A lo sumo, termina siempre con decretazos convalidados ‘in extremis’ que acreditan toda una farsa: se simula una gran discusión, el independentismo chantajea a Sánchez, y el Gobierno termina cediendo a esa extorsión para retocar leyes que, como ocurrió con la reforma laboral, mantienen finalmente el grueso aprobado en su día por el PP. Eso sí, en el ‘relato’ queda siempre la idea de que la izquierda deroga normas que no deroga. El resultado real es que la extrema izquierda logra sus objetivos: se reparten los papeles para terminar rescatando a Sánchez, se mantiene una actividad legislativa a trompicones, y finalmente el independentismo gana con nuevas cesiones autonómicas, con la liberación de etarras, con su inclusión en la comisión de secretos oficiales… Antes o después, ocurrirá lo mismo con la Ley de Seguridad Ciudadana. Al tiempo.
