Los obispos italianos lanzan investigación sobre los abusos pero la limitan a los cometidos desde el año 2000
«Lo debemos a las víctimas, su dolor es la prioridad. Y se lo debemos también a la Santa Madre Iglesia», ha explicado Zuppi durante su primera comparecencia ante los periodistas.
La «vía italiana» consta de cinco puntos. Los dos principales son la elaboración de un informe sobre los delitos cometidos por clérigos en Italia que se han abordado en el Vaticano desde el año 2000 a 2021; y la segunda, un informe anual sobre la marcha de las medidas.
L’Assemblea Generale #CEI ha approvato una determinazione con cinque linee di azione per una più efficace prevenzione del fenomeno degli #abusi sui minori e sulle persone vulnerabili @TutelaMinorum @CardinalSean pic.twitter.com/1L6IGxG3GA
— @CEI (@UCSCEI) May 27, 2022
Abusos cometidos desde el año 2000
El primer informe permitirá «conocer y analizar, cuantitativa y cualitativamente, los datos que posee la Congregación para la Doctrina de la Fe», explica el comunicado de la Conferencia episcopal. «El análisis se llevará a cabo en colaboración con institutos de investigación independientes, lo que garantizará perfiles científicos y morales de alto nivel, y proporcionará un conocimiento más profundo y objetivo del fenómeno», describe el texto.
El cardenal Zuppi ha dado detalles en una rueda de prensa y se ha comprometido a una investigación «seria y auténtica»,
«cualitativa y no solo cuantitativa».
Ha subrayado que en la elaboración de los informes intervendrán «centros independientes» y que por parte de los obispos «no hay ningún deseo de encubrir, no queremos escapar, recibiremos los palos que tenemos que recibir y asumiremos nuestra responsabilidad». «El informe no es un calmante, es una ayuda para hacer las cosas con seriedad», ha añadido.
Entre quienes asistían en el público estaba el activista Francesco Zanardi, presidente de «Rete l'Abuso», organización que reúne a 1.600 víctimas de abusos. Durante el turno de preguntas ha intervenido para avisar a los obispos que consideran demasiado breve el arco temporal de la investigación, desde 2000 a 2021. Otro de sus puntos es que se limite a los datos que manejan las diócesis y el Vaticano, pues hay víctimas que prefieren no acudir a la Iglesia para explicar sus historias.
En cualquier caso, los datos revelarán si la Santa Sede y los obispos italianos actuaron con contundencia ante las denuncias que recibieron.
El presidente de los obispos ha tomado nota de las críticas y ha invitado a Zanardi a reunirse y a que sean denunciados todos los casos, independientemente del informe. «Para nosotros no hay prescripción moral en estos casos», ha recordado Matteo Zuppi.
Además, ha explicado que partir de casos cometidos en 1945 significa remontarse «80 años, y creo que crea dificultades de evaluación juzgar con los criterios de hoy algo de hace 80 años que entonces se juzgaba con otros criterios». En ese sentido, asegura que a los obispos les parece «más serio, y más doloroso centrarse en casos cometidos a partir del año 2000, pues nos involucran directamente».
Dudas por el método francés
«Puede haber dos riesgos, el de minimizar para no darse cuenta de lo que pasa; o, por el contrario, el de amplificar, que es cuando el 'ius se convierte en iniuria», explicó el purpurado. Ha mencionado en ese sentido las «dudas» que levantaron los resultados de la comisión francesa sobre abusos, que calculó que entre 2.900 y 3.200 sacerdotes franceses abusaron de unos 10.000 niños durante el último medio siglo; y que entre 216.000 y 330.000 menores fueron víctimas de estas agresiones.
Entre las nuevas medidas anunciadas, los obispos italianos se han comprometido a
publicar el informe sobre las medidas contra los abusos cada año en torno al 18 de noviembre, fecha en la que recuerdan a las víctimas de abusos. Aseguran que «un instituto independiente de criminología y otro de victimología recogerán y procesarán los datos».
También se comprometen a seguir colaborando con «el Observatorio italiano para combatir la pederastia y la pornografía infantil», que afronta esta herida en toda la sociedad; a reforzar los «centros diocesanos de protección de menores» y a ponerse al día con la apertura en cada diócesis de centros de atención a víctimas, tal y como estableció en 2019 el Papa Francisco. Por ahora han ido lentos, pues sólo lo tienen en el 70% de las diócesis.