Inseguridad en el mundo rural: la escasa presencia de la Guardia Civil genera “desamparo” en las pequeñas poblaciones

Un sujeto siembra la preocupación en la localidad de Grañén (Huesca). Un pueblo de 1.800 habitantes que asiste inquieto a las andanzas de un hombre de 48 años que ha sido detenido y puesto en libertad en un intervalo de pocas horas. Con varias denuncias en su haber por acosar a, al menos, dos mujeres e incumplir de manera continuada la orden de alejamiento que pesa sobre él, los vecinos se consideran desamparados y lamentan la “inacción” y el “olvido” que pesa sobre el medio rural en situaciones de entre la que esta es solo un ejemplo.

Grañén no cuenta en este momento con personal propio de la Guardia Civil. Su cuartel permanece vacío. De hecho, la denuncia previa a su detención se presentó en el puesto de la Benemérita de la cercana población de Tardienta. Componentes de la Unidad Usecic de la Guardia Civil de Huesca le localizaron mientras realizaban un punto de control de verificación de personas y vehículos, y en el momento que le fueron a dar el alto para su identificación hizo caso omiso a las órdenes de los agentes, por lo que fue detenido tras mantener una actitud agresiva y violenta.

El presidente de la Diputación Provincial de Huesca, Isaac Claver (PP), ha remitido una carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para, por un lado, pedirle información oficial de la situación de las plantillas en los diferentes cuarteles de Guardia Civil de la provincia y, por otro, solicitar que se completen y doten de guardias suficientes. La falta de efectivos, indica Claver, “está provocando numerosas quejas de alcaldes y vecinos ante el aumento de robos y criminalidad en el medio rural altoaragonés”.

Desde la Subdelegación del Gobierno en Huesca se apunta, en referencia al caso de Grañén, que la Guardia Civil viene realizando un seguimiento de la situación “desde un primer momento”, con agentes de diferentes especialidades de la Comandancia de Huesca, así como agentes de seguridad ciudadana pertenecientes a puestos cercanos a la localidad. La localidad cuenta con atención por parte de la Guardia Civil “en todo momento”, y respecto a esta situación concreta, desde que se produjo la denuncia en diciembre “se han realizado varios servicios enfocados a la localización y detención del supuesto autor de los hechos acaecidos; finalmente, el pasado día 25, esta persona fue detenida y puesta a disposición judicial, quedando el encartado en libertad con medidas cautelares”.

En su carta a Marlaska, el presidente de la Diputación añadía que otra de las quejas “es que muchos cuarteles han perdido en los últimos años su atención al público en puertas las 24 horas”. Según la información que se ha podido obtener, ese servicio solo se ofrece en cuatro de las diez comarcas de la provincia de Huesca, en los municipios de Huesca, Jaca, Fraga y Monzón.  

Claver, reivindicaba que se completen las plantillas de Guardias Civiles a lo largo y ancho de la provincia y que Huesca se integre en el Plan Operativo diseñado por el mando de Operaciones de la Guardia Civil, que refuerza los efectivos en provincias de Zaragoza y Teruel pero que deja fuera al Alto Aragón.

Frente a estas quejas, la Guardia Civil reivindica la puesta en marcha de un plan para incrementar la presencia de agentes en el medio rural centrado en aquellas zonas que han perdido efectivos en los últimos años. Ponen el énfasis, además de en Aragón, en Castilla-La Mancha, Castilla y León y La Rioja. Sin embargo, este no alcanza a la provincia de Huesca, como reconocen fuentes de la Benemérita que también avalan los datos expuestos por la Diputación. 

Sí se ha planteado en Zaragoza y Teruel. En esencia, este plan trata de mejorar la prevención en materia de seguridad ciudadana y de disminuir “el riesgo de comisión de hechos delictivos en las áreas territoriales que actualmente tienen un índice delincuencial más elevado y una cobertura de agentes inferior a la que sería la ideal”, señala la Guardia Civil. Para ello se echa mano de agentes de diferentes unidades como la Agrupación de Reserva y Seguridad (GRS) y de las Unidades de Seguridad Ciudadana (USECIC), una manera de “actuar sobre el terreno cuando resulta necesario”.

Una medida que ha recibido la crítica de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que cuenta con 31.000 afiliados y señala que es un “detraimiento” de efectivos que se llevan de unos lugares a otros, un “parche” para atender a la seguridad ciudadana en estas comunidades. Considera que “es el momento de afrontar los cambios que reclama y necesita la España vaciada y llevar a cabo una reestructuración territorial para adaptar a la Guardia Civil al siglo XXI”. La adaptación y dotación de recursos es “otro de los retos pendientes”. 

La AUGC cifra en 200 las vacantes que existen en Aragón a la espera de que se resuelva el más reciente concurso de traslados; en principio, durante el mes de marzo. De los 122 puestos fijos, solo once acuartelamientos abren las 24 horas. 

El más reciente Informe Especial del Justicia sobre Seguridad en el Ámbito Rural constataba la sensación de inseguridad que se vive en los pueblos de Aragón y que la tasa de delitos es mayor en proporción con la población, así como que el mayor número de delitos son contra el patrimonio, en concreto contra las explotaciones agrícolas y ganaderas.

De los 731 municipios de Aragón, 674 tienen menos de 1.000 habitantes y solo 14 superan los 10.000. Zaragoza engloba más del 50% de la población, por lo que 42% de la población reside en el 97% del territorio, un primer obstáculo a la hora de dimensionar las diferentes fuerzas y cuerpos de seguridad.

Solo se publican las tasas de delincuencia de las tres capitales de provincia, las únicas que superan los 20.000 habitantes, y el Informe Especial da voz a la población e instituciones. Da a conocer los medios con los que cuentan para garantizar la seguridad en los municipios con una población inferior a 20.000 habitantes; es decir, todos salvo Huesca, Zaragoza y Teruel.

En 2020 en la provincia de Zaragoza, 50 municipios de carácter rural superaban la tasa de delincuencia de su capital; en Teruel fueron 77 con una tasa superior a la de la capital y en la de Huesca, 35. En 2021, 27 pueblos de la provincia de Huesca, 77 de la de Teruel y 60 de la de Zaragoza presentaban tasas de delincuencia por encima de las de sus respectivas capitales.

En 2020 se presentaron 11.089 denuncias en el Aragón rural y 13.020 denuncias en 2021, de las que el 66 y el 67 %, respectivamente, fueron contra el patrimonio y el orden socioeconómico. Según el análisis de los autores del informe, a menor tamaño del municipio la tasa delictiva es proporcionalmente mayor.

En el ámbito de las fuerzas de seguridad, el texto recomienda valorar las agrupaciones de cuerpos de policía porque favorecerá además servicios de 24 horas; crear la figura de los interinos para cubrir las plazas vacantes o la comisión de servicios para momentos puntuales y de manera excepcional y realizar una convocatoria única de los procesos selectivos para evitar la ‘fuga’ de policías locales a otros municipios.

Además de analizar si es necesario contar con 122 puestos de la Guardia Civil y si no sería más factible destinar los recursos a aumentar las patrullas de vigilancia por el medio rural y el número de agentes, se cuestiona la idoneidad de garantizar la seguridad de unos municipios a costa de otros y, en el caso de los equipos ROCA (Equipos de Lucha contra el Robo en el Campo), el informe aconseja una reestructuración porque, aunque funcionan, se hace a costa de retirar agentes de otras unidades.