Cuba rechaza 31 recomendaciones de varios países sobre derechos humanos
SAN LUIS POTOSÍ, México.- El régimen cubano rechazó 31 recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos, emitidas por más de 15 países.
En un comunicado de prensa del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) trascendió que, entre las propuestas rechazadas, se encuentran la liberación de los presos políticos, garantizar atención médica a los opositores encarcelados o poner fin a las detenciones arbitrarias.
Las observaciones fueron realizadas en el contexto del Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Países como Nueva Zelandia, Alemania o Lituania instaron al gobierno cubano a liberar a los presos políticos y de conciencia, y otros pidieron procesos judiciales transparentes y el fin del sistema unipartidista.
“El régimen asumió 292 recomendaciones y tomó nota de 41. No queremos restar importancia a esto, pero las 31 no aceptadas constituyen una clara enmienda a muchas otras con las que dijo estar de acuerdo, lo cual es antesala de los acostumbrados incumplimientos”, escribió el OCDH.
El régimen afirma aceptar recomendaciones relacionadas con la ratificación de los Pactos Internacionales de Derechos Humanos. Entre estas se hallan la propuesta de Italia, Eslovenia y Zambia de considerar ratificar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Sin embargo, no cejará en el acoso y las detenciones arbitrarias contra la sociedad civil, defensores de los derechos humanos y periodistas independientes. Del mismo modo, tampoco se compromete a garantizar procesos judiciales justos.
Recomendaciones rechazadas
Preocupante resulta el rechazo a “garantizar la atención médica necesaria a los opositores políticos encarcelados”, cuando muchos han visto su salud empeorar en la cárcel y alguno ha muerto por ello.
Entre las no aceptadas figuran también la sugerencia de reformar o derogar los artículos del Código Penal que persiguen el ejercicio pleno de la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación.
Rechazó asimismo permitir el acceso de observadores independientes de los derechos humanos a los juicios y a las prisiones y demás centros de privación de libertad, una propuesta de Suecia.
Tampoco consideró introducir las modificaciones necesarias en la legislación para retirar a los tribunales militares la competencia de juzgar a civiles, recomendación de Montenegro.
Pero tampoco tomó en cuenta, como planteó EE.UU., poner fin a su sistema unipartidista para permitir la celebración de elecciones realmente libres y limpias.
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