El Gobierno vasco ha aprobado recientemente el Decreto de Normalización del Uso del Euskera en el Sector Público Vasco, un marco que, entre otras cuestiones, podría llegar a obligar a los opositores a examinarse sólo en euskera para ser funcionarios en esta comunidad. Además, esta lengua cooficial adquirirá más peso como mérito, incluso en aquellas plazas en las que no se requiera su conocimiento . De este modo, se complica el acceso a la función pública de aquellos candidatos que no acrediten conocimientos de euskera. El documento regula el grado de exigencia y los procedimientos para acreditarlo que se fijarán para los más de 150.000 trabajadores públicos actuales y quienes opten a formar parte de esta administración autonómica en el futuro. El nuevo decreto llega después de meses de reveses judiciales sobre al menos una docena de convocatorias públicas y en las que la Justicia ha cuestionado el grado y extensión de la exigencia lingüística para el acceso a la función pública en el País Vasco. El objetivo global es convertir el euskera en la lengua de uso normal y generalizado en la administración vasca. Al mismo tiempo que se extiende la exigencia de perfiles lingüísticos, el Gobierno de Urkullu (PNV-PSE) establece nuevos mecanismos para flexibilizar las vías para acreditar su conocimiento y plantea adecuar el nivel de exigencia a la realidad sociolingüística de cada lugar. De este modo confía en superar el problema de «adhesión hacia el euskera» que existe, según afirman fuentes gubernamentales. De esta manera, se busca garantizar mejor los derechos lingüísticos de la ciudadanía a relacionarse en euskera con la administración. Noticia Relacionada estandar No Sánchez irrumpe este sábado en Bilbao en la precampaña vasca Iñaki Arizmendi Encabezará el homenaje del PSOE a Zapatero Uno de los aspectos que más dudas ha generado en la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi es que se permita a las entidades públicas obligar, en exámenes en castellano, a una parte en euskera. Recuerda que la prueba a la que se somete el aspirante busca «demostrar la aptitud para la ejecución requerida en el puesto, no para hacer una valoración lingüística». Esta obligación, que debe ser comunicada con antelación, se limita a casos en los que su conocimiento sea preceptivo o las funciones a desarrollar estén relacionadas con la normalización lingüística. El Gobierno vasco justifica la medida en que se trata de una práctica «habitual» en administraciones como la catalana o gallega o que incluso el Ejecutivo central lo aplica en sus oposiciones en inglés. Más controversias Otro de los puntos más controvertidos hace referencia a las plazas que se puedan convocar sin perfil lingüístico con una fecha de preceptividad o que, aunque la tenga, no esté vencida. En estos casos, en los que los no vascoparlantes podrían tener más facilidad de acceso , el mérito del euskera podrá representar hasta un 20% de la nota máxima. Así, también en estas plazas quienes acrediten el euskera tendrán más opciones en el concurso de méritos. La principal modificación que se establece en el nuevo decreto pasa por la flexibilidad en la acreditación del euskera. Así, si hasta ahora se aplicaba el reconocimiento a través de títulos o por haber cursado la escolarización en euskera, con este nuevo decreto se podrá acreditar por dos nuevas vías. Una pasa por el examen de la prueba selectiva a la que se concurre íntegramente en euskera. La otra será su «uso fehaciente» en el puesto de trabajo y que dará derecho a adquirir un título si se cumplen determinados requisitos. La consideración de perfil lingüístico también varía. Se flexibiliza estableciendo tres niveles según los puestos: simétrico, asimétrico o parcial. El primero se trata de plazas en las que el grado de exigencia será el mismo tanto en euskera hablado como escrito. En los perfiles «asimétricos» se podrá exigir un nivel para un uso oral y otro para el escrito. Los perfiles parciales se reservan a candidatos con alguna diversidad funcional. Se mantiene la exención para mayores de 45 años. El nuevo decreto extiende su aplicación a todo el personal público, incluidas las sociedades, consorcios y fundaciones, que pasarán a tener las mismas obligaciones que diputaciones, ayuntamientos y Gobierno vasco. Todos ellos deberán elaborar planes lingüísticos y sus plazas tendrán que tener perfiles establecidos.
